Resulta evidente que la fuga nunca se podría haber concretado de no haber existido algún tipo de complicidad en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Incluso hay sospechas del accionar de una mano negra relacionada con Aníbal “La Morsa” Fernández, el ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner, quien por estas horas es el principal beneficiado de que no se pueda dar con el paradero de los prófugos. Recordemos que Martín Lanatta fue operador político de Aníbal y en agosto pasado lo involucró públicamente con la mafia de la efedrina. 

Asimismo, Lanatta tenía que declarar en los próximos días en Tribunales, en un testimonio que era muy esperado ya que podría haber complicado aún más a Aníbal Fernández con el narcotráfico. Cabe recordar que, días después de que el reo prendiera el ventilador en el programa Periodismo para Todos, hombres allegados a La Morsa lo habían visitado en el penal de General Alvear.

Las mafias penitenciarias

Durante años, en las páginas del diario Hoy, hemos denunciado el accionar de mafias –especialmente narcotraficantes- que se encuentran enquistadas en el servicio penitenciario. El SPB está dominado por sistema corrupto que hace que las cárceles no cumplan en lo más mínimo con su función de rehabilitar a aquellos que actuaron al margen de la ley. Por ende, requiere de una profunda reforma estructural tarea que no puede ser llevada a cabo por aquellos que formaron parte de la putrefacción.  En ese contexto, llama poderosamente la atención el hecho de que la gobernadora María Eugenia Vidal haya asumido la conducción de la provincia sin tener diseñado un plan alternativo para reformar las cárceles bonaerenses, sabiendo que -junto con el IOMA, el Ministerio de Seguridad y la Dirección de Escuelas- es una de las áreas más complicadas de la administración provincial. Es más, la saliente titular del SPB, María Florencia Piermarini, y su superior, el subsecretario de Política Criminal, César Albarracín, que están estrechamente ligados con el ex ministro de Justicia y operador del sciolismo en los tribunales, Ricardo Casal, se mantuvieron en el cargo hasta el 23 de diciembre pasado, cuando recién presentaron la renuncia.  Es decir, Piermarini y Albarracín no sólo permanecieron en funciones durante varios días tras el cambio de gobierno, sino que también dejaron acéfalo el SPB durante las fiestas de navidad, contribuyendo así a que, ya sea de forma directa o indirecta, se facilitara la fuga.

Bombas a punto de estallar

Ahora bien, bombas similares a las del SPB pueden estallar –en cualquier momento- en otras áreas sensibles de la Provincia, donde el macrismo está permitiendo el reciclaje de personajes oscuros relacionados con el universo K. Por ejemplo, la llegada del director ejecutivo de la Cámara Argentina de Droguerías, Sergio Cassinotti, a la presidencia del IOMA no trajo aparejado ningún cambio. Peor aún, permitió que en el directorio de la obra social sigan participando los representantes de los gremios UPCN y Suteba, que responden a los kirchneristas Carlos Quintana y Roberto Baradel, que apoyaron la candidatura a gobernador de La Morsa y se encuentran denunciados en la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata por el vaciamiento del instituto. Estamos hablando de negociados que ponen en jaque la atención a mas de 2 millones de afiliados. 

Otra área de la Provincia, donde el cambio aún no llegó, es el Instituto de Lotería y Casinos. Allí, asumió como presidente Eugenio López Melitón, un empresario del fútbol que fue compañero de Vidal en su época de estudiante en la Universidad del Salvador. Hasta ahí nada fue lo común: lo grave es que Jorge “Piedrita” Rodríguez, quien fuera titular de ese organismo descentralizado durante gran parte del gobierno de Scioli, quedó como vicepresidente de Lotería y seguirá vinculado con un ente que manejará, el año próximo, un presupuesto superior a los $28 mil millones. 

De la mano de Scioli y Piedrita, desembarcó en la provincia el zar del juego del kirchnerismo, Cristóbal López, quien durante la era K se quedó con la concesión de las rutas 2 y 11 en La Provincia y también pasó a manejar las tragamonedas del bingo de Los Polvorines. También se benefició con el traslado de la sala de Villa Gesell a Ezeiza, más precisamente a un shopping que está ubicado a pocos kilómetros del aeropuerto internacional. 

Piedrita es uno de los principales responsables de que se incumpla la estatización que exige la Constitución bonaerense. Fue él quien firmó las renovaciones automáticas –sin licitación- de las licencias de los bingos gerenciados por grupos privados hasta el año 2021. Asimismo, hizo la vista gorda mientras Codere, una empresa de origen español controlada por fondos buitres, aumentó significativamente su parque de tragamonedas sin ningún tipo de control, saqueando así los recursos de las economías locales. Y desbastando a miles de familias que, en su desesperación económica, recurrieron al juego para poder salvarse, quedando en la ruina más absoluta. Como dijimos infinidad de veces en las páginas de Hoy: las tragamonedas nada tienen de azarosas. Son maquinitas programas para hacer perder, que generan ganancias multimillonarias que sirven para financiar clandestinamente al poder político de turno.

Gobernar una provincia tan compleja como Buenos Aires, que es un país dentro de otro país, sólo será viable si existe la decisión política de cambiar. En definitiva, eso fue lo que votaron, masivamente los bonaerenses, quienes no dudaran en acompañar a la mandataria provincial en caso de que, finalmente, se decida a realizar la trasformación que tanto hace falta.