El gobierno chino sigue aplicando cuestionables métodos en el control de la natalidad
El informe, publicado por el grupo Defensores Chinos de los Derechos Humanos, expone casos en donde jefes de familia perdieron su trabajo después de dar a luz a un segundo hijo, da cuenta de campañas que premian a ciudadanos que revelen los secretos reproductivos de sus vecinos y hasta documenta casos en donde mujeres embarazadas son arrastradas a realizarse abortos fuera de término.
No son raras las experiencias de mujeres como Li Hongmei, de 24 años, empleada de una fábrica de la provincia de Anhui, que estaba en su casa recuperándose del nacimiento de su hija cuando una docena de hombres al servicio del gobierno local la llevaron al hospital para someterla a una ligamiento de trompas. "Les prometí que me sometería a la cirugía cuando estuviera mejor, traté de resistirme, pero no sirvió de nada", contó la mujer.
Aunque los abusos publicados no son nuevos, sus autores están tratando de destacar el aspecto más negro de las restricciones del control de la natalidad, en un momento en el que el debate público se ha centrado acerca de si la política de planificación familiar china no ha sido demasiado exitosa, al punto de perjudicar al país.
Este año, cuando la nación cumplió 30 años de la llamada política del hijo único, los funcionarios elogiaron esas medidas que impidieron 400 millones de nacimientos. Una población más pequeña, afirman, contribuyó a alimentar el asombroso crecimiento económico, reduciendo la demanda de producción de alimentos, educación y cuidados médicos.
Sin embargo, hay demógrafos que sostienen que la caída de la tasa de natalidad y una población que envejece rápidamente son razones para flexibilizar esas leyes. Los sociólogos se preocupan por el exceso de hombres solteros -resultado de los abortos selectivos que favorecen el nacimiento de varones- y las exigencias a los hijos únicos que se ven obligados a cuidar a sus padres ancianos.
El director de la Comisión de Planificación Familiar para la Población Nacional procuró acallar cualquier especulación sobre un cambio y dijo que las actuales políticas seguirán vigentes hasta 2015 inclusive.
Grupos defensores de los derechos humanos dicen que las actuales políticas deberían ser abolidas. "El rol del Estado en la conformación de la población debería implementarse por medio de incentivos; no debería emplearse coerción", dijo Wang Songlian, un investigador que trabajó en el informe.
Tal como establece el documento, las políticas de planificación familiar se aplican de manera desigual y con excepciones. Los ricos pagan las multas y algunas mujeres de clase media viajan al exterior para dar a luz a un segundo hijo. Millones de parejas se niegan a registrar a los recién nacidos, pese a que eso los condena a carecer de beneficios como la educación gratuita.
Esta política tampoco es igual para todos. Los padres criados en familias con un único hijo están autorizados a tener un segundo hijo, al igual que muchos residentes rurales cuyo primer vástago haya sido una niña. En lugares como el Tibet y Xinjian, se autoriza a las minorías étnicas a tener hasta cuatro hijos.
Abusos
Los peores abusos, según el informe, se producen en ciudades pequeñas y en áreas rurales, donde un sistema de puntaje recompensa o castiga a los funcionarios según su capacidad para cumplir con las cuotas preestablecidas. En muchos lugares, los ingresos obtenidos por medio de las "tarifas de mantenimiento social" alimentan a una arraigada burocracia.
En la provincia de Jiangsu, los padres que dan a luz un hijo "fuera de cupo" pueden ser multados con el cuádruple del ingreso anual per cápita promedio de esa zona. En una ciudad de la provincia de Hunan, las autoridades recaudaron 1,8 millones de dólares en multas entre los meses de julio y septiembre, según cifras gubernamentales.
"Se ha convertido en un excelente medio para que los funcionarios recauden dinero", dijo el demógrafo He Yafu. "En algunos lugares, el presupuesto está casi basado en esas multas", añadió.
El informe cita una cantidad de excesos que se han filtrado. En abril, más de 1300 personas de la ciudad de Puning fueron detenidas como rehenes en edificios del gobierno, en un esfuerzo por obligar a las mujeres que habían tenido un segundo hijo a esterilizarse. Los detenidos eran en su mayoría personas ancianas cuyas hijas se habían marchado para evadir las restricciones de la planificación familiar. La campaña fue tan efectiva, según afirmó un sitio web del gobierno, que para el otoño ya se habían practicado 3000 esterilizaciones.
En un caso de amplia cobertura mediática, Yang Zhizhu, un profesor de la Facultad de Política para Jóvenes de Pekín, fue despedido por haberse negado a pagar una multa de 30.000 dólares cuando su esposa dio a luz a su segundo hijo. Yang decidió hacer público su descontento con una irónica pancarta en la que se ofrecía como esclavo a quien pagara su multa.
"¿Por qué debo pagar dinero por tener a mi propio hijo?", le dijo en ese momento al diario China Daily . "No estoy haciendo tráfico de personas. Es nuestro derecho de ciudadanos."
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