La causa judicial iniciada en el Juzgado de La Paz por una falsificación de firma estuvo tan mal hecha que la Fiscalía no tuvo elementos para acusar. El oficial Pedro Ruiz Díaz fue absuelto. Hace cuatro que está como pasivo en la fuerza.
Una noche hubo una riña de borrachos en un boliche de Santa Elena, en la que un policía que hacía de seguridad en adicionales resultó golpeado. Se inició un sumario administrativo interno de la Policía para determinar si las lesiones sufridas por este agente fueron o no en ejercicio de sus funciones.
El policía Antonio Miño apareció como testigo del hecho, ya que intervino a separar en la pelea. Sin embargo, Miño dice luego que la firma que figura en el acta de su declaración no era la suya. Por esto la fuerza policial inició un sumario en abril de 2005 para investigar si hubo falsificación de la firma por parte del oficial sumariante, Ruiz Díaz. Así comienza a tramitarse una causa por Falsificación de instrumento público en el Juzgado de Instrucción de La Paz, donde el fiscal acusó y el juez dictó el procesamiento, que fue confirmado por la Cámara Penal de Paraná.
El delito nunca se pudo probar, principalmente, porque las pericias caligráficas realizadas por tres profesionales diferentes dieron resultados contrarios. Además, Miño fue cambiando sus dichos en diversas declaraciones testimoniales. En el juicio realizado ayer, el hombre no reconoció como propias ninguna de las tres firmas que figuraban en tres actas, pero después de leer las mismas dijo que sí eran suyas. Su declaración se tornó cada vez más difícil de creer.
En los alegatos, el fiscal de Cámara, Rafael Cotorruelo, dijo: “No cuento con elementos que permitan sostener la acusación”, por lo cual pidió la absolución de Ruiz Díaz. Por otro lado, hubo serias críticas a las actuaciones realizadas en el Juzgado, ya que estuvo mal hecho el objeto procesal: “Para que exista el delito, se debe afectar un bien jurídico, esa potencialidad lesiva no la tiene en absoluto”, dijo Cotorruelo.
Además, planteó que la supuesta falsificación de la firma no debió haberse judicializado, sino investigado en el ámbito administrativo interno de la Policía.
El defensor de Ruiz Díaz, Roberto Alsina, coincidió con el planteo del fiscal, y agregó que “el acta fue hecha en una información sumaria en la administración pública, en un mero acto administrativo, que no entra en el acto jurídico (...) esa acta ni siquiera es un instrumento público”.
Ambas partes reclamaron la absolución para el policía, y ahora el Tribunal de la Sala 2 de la Cámara Penal (integrado por Marcela Badano, Marcela Davite y Ricardo Bonzazzola) deberá dictar la sentencia absolutoria.
Alsina agregó al final de su alegato que “administrativamente Ruiz Díaz fue sancionado con 50 días de arresto, y ha tenido que padecer muchísimo. Hace cuatro años que está como pasivo. Pasó de ganar 5.000 pesos a ganar 2.000, y de ser oficial a tener que trabajar de albañil, con un hijo, tener que irse de la casa que alquilaba a vivir con su suegro”. Ahora deberán devolverle el dinero de su sueldo que no cobró durante estos años, aunque al tiempo perdido no se lo devuelve nadie.
“No leas, firmá acá”
El policía Antonio Miño, testigo que denunció la falsificación de su firma, realizó llamativas declaraciones durante su testimonio, publica diario Uno.
Recordó: “En Santa Elena pasaba siempre, no sé ahora, pero antiguamente pasaba una causa, y bueno, ‘¿vos podés ser testigo? Vení, firmá acá, firmá acá, no leas nada, firmá’. Ya era una costumbre. Y si pasaba un hecho delictivo ¿qué hacían? Se reformaba el libro de guardia, vos estabas en tal lugar, vos en tal lugar y vos en tal otro, para que por los hechos los funcionarios no sean sancionados. Eso pasó durante años”.
Miño contó un hecho grave: “Si una vez estuve por una firma (supuestamente suya) por un intento de violación, y no era mi firma tampoco, habían firmado por mí”.
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