La herencia que dejó uno de los gobiernos más corruptos de la historia de nuestro país, toma ribetes cada vez más escandalosos. Al punto que la fiesta menemista de los años 90, que supo mezclar políticos con estrellas del mundo del espectáculo, parece quedar reducida a un mero baby shower en comparación con el robo, el despilfarro y el saqueo que tuvo lugar durante la era K.

Luego de una auditoría en distintas dependencias se ha comprobado la existencia de miles y miles de ñoquis que el poder político colocó para tener tropa propia en el Estado, y tapar la desocupación real, mientras a la ciudadanía –y especialmente a los sectores productivos- se la esquilmaba con impuestos cada vez más regresivos para sostener esa enorme estructura. Pero el disparate y la fiesta no termina en los punteros políticos: el mundo del espectáculo y las vedettes también son parte de este entramado. Y uno de los casos más indignantes está representado por Moria Casán. 

La actriz y vedette de 69 años, cuyo verdadero nombre es Ana María Casanova, habría sido contratada por la empresa estatal Aguas Bonaerenses (ABSA) durante el gobierno sciolista, según surge de los resultados de una auditoria oficial.  El diario Hoy ayer intentó comunicarse con autoridades de la empresa, pero no respondieron las consultas y evitaron hacer declaraciones.

Moria, que a fines del año pasado estuvo presa en Paraguay por el robo de joyas, y hasta intentó ingresar a la cárcel con cocaína, fue una habitué de los actos de Cristina Kirchner. También se dejó ver en el búnker de Daniel Scioli durante los distintos actos eleccionarios que se desarrollaron el año pasado.

Mientras los recursos de ABSA se despilfarraban en pagar los abultados contratos de los amigos del poder, todos los bonaerenses sufrimos durante la era sciolista una exorbitante suba de tarifas en el servicio de agua en más de un 300% que, para colmo, fue totalmente ilegal (ver página 4). Fue tal el despilfarro que tuvo lugar en esa empresa que, en la mayoría de las 91 localidades que reciben la prestación de agua corriente y cloacas, padecen todo tipo de trastornos. Baja presión, cortes sistemáticos y prolongados del servicio, y elevada concentración de arsénico que convierten el agua en veneno, constituyen sólo algunos de los problemas que afrontan miles de familias bonaerenses. 

La relación de Casán con el kichnerismo ha sido muy estrecha. Y ahora nos damos cuenta del por qué. La contraprestación que recibía de los bonaerenses la motivaba a ponerse a bailar sin tapujos junto a la entonces presidenta Cristina Kirchner en un acto oficial, mientras varias provincias del país se encontraban inmersas en una ola de saqueos que dejó como resultado varios muertos.

Cáscara vacía

ABSA es una empresa que, de forma similar a los que ocurrió en el IOMA, habría sido saqueada durante la última década. Tal como lo demostró el diario Hoy en sucesivas investigaciones, la sociedad que pertenece al Estado bonaerense, creada en el año 2002 para prestar el servicio de agua y cloacas, tiene tercerizado su funcionamiento en dos empresas relacionadas con el gremio Sosba, cuyo secretario general es Julio Castro, actual titular de la Federación de Gremios Estatales y particulares de la Provincia (Fegeppba). Nos referimos, concretamente, a las firmas 5 de Septiembre SA y Gral Saneamiento SA.  Ambas tienen contratos que se renuevan periódica y automáticamente, sin ningún tipo de llamado a licitación, desde hace 14 años.

La firma  5 de Septiembre fue inscripta en la AFIP en 1999 y su titular es el mencionado Castro. Esta compañía estuvo involucrada en una causa judicial en la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata por un fraude cometido en Absa desde 2005 a 2007, con el pago de facturas -en concepto de "honorarios por estudios y asesoramientos varios"- que resultaron ser de un pizzero, en una maniobra en la que estuvieron implicados dos funcionarios y un empleado de esa empresa, y un contador.

 En tanto, un dato por demás llamativo es que hasta el año 2000 uno de los integrantes del directorio de Gral Saneamiento SA era nada menos que el ex ministro de Trabajo bonaerense hasta el pasado 10 de diciembre, el sciolista Oscar Cuartango, que en aquel entonces integraba la Fundación de Estudios Sanitarista del Sosba. Posteriormente, en 2005, hizo su aparición en el directorio un personaje clave en los negocios vinculados con ABSA como es el abogado Marcelo Luján Ricardo Salinas García Sanabria (más conocido como Marcelo Salinas), ex marido de la vedette María Eugenia Ritó, una de las mejores amigas de Moria. De hecho, durante el casamiento de Ritó y Salinas, se la pudo ver a Moria a los besos con el entonces ministro de Infraestructura bonaerense, Eduardo Sícaro, que por aquel entonces tenía bajo su órbita a Absa.

Salinas, que sigue siendo uno de los directores titulares de Gral Saneamiento y también maneja la constructora Mako SA, apareció mencionado numerosas veces en los medios que se dedican a informar sobre los vaivenes de la farándula. ¿El motivo? En momentos en que ya se conocía el colapso de Absa por la falta de inversiones, Ritó reveló que, antes de casarse, Salinas era un cliente que solía adquirir sus servicios sexuales. Lo más grave es que también reveló el patrimonio millonario. Le están reclamando, en el juicio de divorcio, un barco en Punta del Este, un departamento en la misma ciudad, otro en Miami y tres en Buenos Aires; además, tres autos de alta gama.  En medio de esta batalla, Salinas habría intentado llegar a un acuerdo lo antes posible para que salga el divorcio y es por eso que le ofreció 850 mil dólares, cifra que la vedette se negó a aceptar, conociendo los movimientos económicos de su exmarido.

La fiesta llegó a su fin y ahora esperemos que los responsables de semejante despilfarro terminen en el banquillo de los acusados.

ABSA debe devolver entre 1500 y 3000 pesos a cada usuario

Es por la resolución de la Suprema Corte que en abril del año pasado declaró la nulidad de un aumento tarifario decretado por la compañía. Afirman que la situación de la empresa es calamitosa. Denuncian contratos con prestadores y exorbitantes pagos de honorarios

En abril del año pasado, la Suprema Corte de Justicia bonaerense resolvió denegar el planteo del Ejecutivo provincial que presidía Daniel Scioli para trasladar al ámbito nacional la controversia por el “tarifazo” aplicado en 2012 por la empresa Absa. De esa manera, el Tribunal dejó firme el fallo que declara la nulidad del decreto que estableció ese aumento en las boletas del servicio de agua y que ordena a la Provincia devolver en futuras facturaciones las sumas abonadas por los usuarios.

Pasó casi un año de ese fallo, y la situación sigue en veremos. Según informó a Hoy el ex diputado provincial Oscar Negrelli, que fue el denunciante del tarifazo, afirmó que la ejecución del fallo de la Corte se encuentra “en la etapa de auditoría para saber cuánto hay que devolver y quiénes serían los beneficiarios: están designados los peritos pero aún no empezaron a trabajar”. Según fuentes consultadas por Hoy, del fallo de la Corte se desprende que la empresa ABSA deberá devolver entre 1500 a 3000 pesos a cada usuario, para lo cual aún deben resolverse cuestiones operativas.

Negrelli también fustigó la situación económica de ABSA, heredada de la gestión sciolista.“En la audiencia pública celebrada en la localidad de San Cayetano la misma empresa (ABSA) para defender a estas dos prestadoras (Gral Saneamiento y 5 de Septiembre, ligadas con el Sosba y el abogado Marcelo Salinas) expuso que habían bonificado el 30 por ciento de la facturación del año 2014, con lo que exime de mayores comentarios acerca de la escandalosa sobrefacturacion que fue siempre en detrimento de ABSA y del servicio que presta. La realidad es que las dos principales prestadoras de servicio en ABSA son empresas superhabitarias, mientras ABSA incrementó su déficit anualmente. En los balances surge constantemente un importante gasto en honorarios”. 

“No hay que olvidarse que la empresa Absa es altamente deficitaria cuando su única obligación es la de mantener la prestación de agua y cloacas al momento de caerse la concesión de Azurix, es decir que nunca invirtió un solo peso para extender el servicio de agua y cloacas” concluyó Negrelli.

El escándalo Mekorot

Marcelo Salinas también estuvo involucrado en el escándalo Mekorot. Durante gran parte de la gestión de Daniel Scioli se intentó avanzar con la polémica construcción de una planta potabilizadora en la localidad de Punta Lara y con un proceso de privatización del servicio.

Tal como denunció Hoy en distintas oportunidades, Salinas intentaba asociarse –a través de la constructora Mako- con una empresa estatal israelí llamada Mekorot (en la UTE también participaba la sociedad 5 de Septiembre), que buscaba construir la planta con métodos de potabilización diseñados para las zonas áridas que en nada se parecen a nuestra región. Asimismo, se trata de una firma acusada por Amnistía Internacional por graves irregularidades en el manejo del vital recurso en Medio Oriente, donde un litro de agua es tan o más importante que un litro de petróleo. Es más, existen sospechas de que el objetivo de fondo de la presencia de la empresa estatal de Israel era llevarse el agua de la Provincia.

Otro punto conflictivo alertado por profesionales de carrera de la Dirección de Hidráulica fue que Mekorot quería dejar de tomar el agua del acuífero Puelche para pasar a potabilizar solamente el agua del Río de la Plata. Esta movida, que respondía a problemas logísticos y operativos de la propia Mekorot, implicaba un serio riesgo sanitario y ambiental. “Dejar de tomar agua del Puelche, que se obtiene mediante perforaciones, va a traer elevación de la napa freática, contaminación bacteriológica, inundación de sótanos y deterioro de cimientos de casas”, denunciaron. La frutilla del postre fue que el mismo día que el gobierno provincial abrió los sobres de la licitación para la construcción de la nueva planta potabilizadora de agua, el entonces gobernador Daniel Scioli se reunió en su despacho con una de las partes: el presidente de la empresa estatal israelí Mekorot, Eli Ronen, para hablar justamente del tema, realimentando las versiones de que era un negocio hecho a la medida de esa compañía israelí.