San Juan.- El fiscal que entiende en la causa ordenó la instrucción y el 25 de noviembre comienza a tomar declaraciones testimoniales. Deben comparecer el instructor del sumario Ricardo Romero y la asesora letrada ajunta Lucía Sánchez.
Cabe recordar que por impericia o intencionalidad, acciones que deben ser investigadas por la justicia, la provincia terminó afrontando pagos de honorarios millonarios por procesos de expropiación de larga data. Tras el sumario administrativo llevado a cabo en Fiscalía de Estado, se conoció que hubo un dudoso accionar de los abogados encargados de defender los intereses de la provincia. Vencimientos de términos, apelaciones que debieron ser presentadas por fallos en contra de la provincia, periciales sin la participación obligada del Tribunal de Tasaciones de la provincia, son algunas de las irregularidades que se determinaron en el sumario administrativo realizado en Fiscalía de Estado.
Pero un dato no menor es la presunción que saco a la luz el propio fiscal de Estado Mario Díaz, cuando dijo que el accionar de cuatro jueces, los que intervinieron en los procesos de expropiaciones, debía ser investigado por que era al menos dudoso. Esto generó la reacción de los magistrados, quienes salieron a defender su labor de manera inmediata.
También, se desprende del sumario administrativo que fue presentado por el secretario general como base del pedido de investigación, el dudoso desempeño de un abogado del fuero local, Santiago Graffigna, el que deberá ser investigado también en la causa por sus vinculaciones con las expropiaciones del escándalo.
Elementos dudosos
Si el pedido de investigación presentado carecía de mínimos elementos que permitan a la Justicia dar inicio a un proceso de investigación, habría sido archivado de manera inmediata. Teniendo en cuenta que el fiscal ordenó abrir la etapa de instrucción, hace presuponer que elementos dudosos hay en los procesos denunciados y que podrían tipificar, eventualmente y si las prueban lo fundamentan, delitos.

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