Como consecuencia de la decisión del Ministerio de Salud de la Provincia de cancelar la segunda jornada del curso "Atención integral de Abortos no punibles y a víctimas de violencia sexual" destinado a personal de salud de la Maternidad Nuestra Señora de la Merced, luego del repudio de organizaciones pro-vida que criticaron y se manifestaron contra la realización del evento el jueves último, los cruces con los sectores que defienden las prácticas abortivas no cejan.

Desde la entidad MUMALA (Mujeres de la Matria Latinoamericana) señalaron que el desconocimiento de las leyes en este tópico debe ser conceptualizado como una suerte de violencia contra la mujer. "Es desconocer también el avance en materia de igualdad de género, de conquista de derechos de las mujeres y del acceso a los mismos", sostuvo Yanina Muñoz referente provincial de la organización.

Al respecto, describió que en la actualidad, las féminas cuentan con leyes, códigos y normas que las amparan en sus derechos, por lo que mencionó la Ley 26.485 de Protección Integral a las mujeres, la Ley 25.673/2003 que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley 26.150 del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, para finalmente hacer mención al artículo 86 del Código Penal donde se establece la no judicialización y el acceso a abortos no punibles.

Muñoz planteó que desconocer estos postulados en sus fundamentos y en su aplicación "genera más vulnerabilidad y desigualdad. Capacitar a los profesionales que ejercen en Instituciones Públicas es un deber y responsabilidad del Estado, acceder a la misma es un derecho y obligación de esos profesionales y contar con una atención de calidad, un derecho de las mujeres".

Al tiempo de caracterizar a los hechos sucedidos el jueves, del que también participaron representantes del orden político local, como el legislador José Páez, y los concejales Claudio Viña (capital) y Dora Bianco (Yerba Buena), como "una grave situación de vulneración de derechos y de violencia a las mujeres", desde MUMALA objetaron el tratamiento que desde las esferas de poder se le otorga al tema en cuestión.

De este modo, la entidad indicó que el rechazo por parte de funcionarios públicos de las normas aludidas anteriormente a través de "no cumplir su función como representantes del pueblo, solo legislando para un sector y legitimando un falso debate y negando una realidad que existe y sobre la que hay que intervenir urgentemente; es violencia institucional".

En tanto, desde Crisálida Biblioteca Popular Asociación Civil, repudiaron la manifestación llevada a cabo en el patio central del MUNT (lugar donde se desarrolló solamente la primera jornada del curso) al resaltar que "un grupo fundamentalista irrumpió con gran violencia en el establecimiento, a los fines de obstaculizar la capacitación brindada. Consideramos muy grave que de este accionar violento hayan participado dirigentes políticos".

Paralelamente, se calificó a estas prácticas de "antidemocráticas y solicitamos a las autoridades correspondientes que continúen impulsando e implementando políticas y programas en defensa de los derechos humanos".

Crisálida aseveró que el aborto no punible "es una práctica lícita y garantizada hace casi más de un siglo en nuestro país. Las víctimas de abuso sexual tienen derecho a no sufrir consecuencias ulteriores al hecho traumático que les tocó vivir. Son sus derechos. Es el deber de todos y todas hacerlos efectivos", se remarcó.

En juego la vida de los inocentes

Por su parte, la legisladora Silvia Elías de Pérez (UCR), quien logró que el parlamento aprobara un proyecto de resolución de su autoría por el que Tucumán se declara a favor de la defensa de la vida desde el momento de su concepción, adujo que espera lograr el apoyo del oficialismo en una iniciativa tendiente a prohibir la instrumentación de los protocolos abortivos en el territorio provincial.

En el mismo sentido, explicó que desde hace un tiempo viene alertando a los tucumanos sobre éste tema. "En particular a los políticos vinculados al gobierno, instándolos a poner freno a estos protocolos de la muerte, ya que de aplicarse se cobrarán la vida de inocentes que nada tienen que ver con la comisión de ningún tipo de delitos: las personas por nacer", manifestó la dirigente radical.

"Esta disposición, atenta contra lo dispuesto en nuestra Constitución provincial, tanto en su preámbulo, donde expresa como objetivo 'garantizar la vida desde el momento de su concepción', como en el artículo 40°, inciso primero, en el que se reconoce el derecho 'a una existencia digna desde la concepción con la debida protección del Estado a su integridad psicofísica'", indicó Elías de Pérez.

En esta misma línea, la Junta Provincial de la Democracia Cristiana (DC) respaldó la conducta asumida por el legislador José Páez y demás miembros del partido, que acompañaron a las agrupaciones Pro-Vida "en un firme reclamo ejerciendo la libertad de pensamiento, fijando posición frente al intento oculto de los Ministerios de Salud Nacional y Provincial de instruir obligatoriamente a médicos de la Maternidad coartando su libertad de conciencia, en la aplicación del Aborto que surge de un fallo inconstitucional de la Corte Nacional. Se buscó avanzar en este tema cuando no se reformó en Código Penal que prohíbe el aborto contrariando los Tratados internacionales y las Constituciones Nacional y Provincial que consagran el derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural", recalcaron los dirigentes de la DC, Elena Lazarte (vicepresidente), Carlos Barboza (secretario general), entre otros.

Finalmente, la DC apoyó el "siempre democrático y pacífico accionar en defensa de la vida y en contra de los violentos mercaderes de la muerte que patrocinan el aborto forzando la Constitución y la Ley Natural".