Sostienen derechos constitucionales y la pre-existencia de la ocupación.
La acción apunta asimismo a que se evite la transferencia al Estado provincial del crédito gestionado ante el Banco Nación para adquirir el lote.
La presidenta del Instituto de Derecho Positivo, Nimia Apaza, dijo a El Libertario que las tierras a subastarse son ocupadas por comunidades aborígenes desde tiempos inmemoriales y subrayó que la Constitución nacional les reconoce a los pueblos indígenas el derecho no solo a que se les regularice el dominio sino a recibir tierras para el desarrollo humano.
Puso en relieve que las condiciones de vida de estas comunidades son "deplorables" debido a la pobreza y remarcó que es imperiosa la necesidad de que se les asegure un lugar donde vivir.
Por una deuda de los propietarios de La Esperanza con el Banco Nación, 40 mil hectáreas del ingenio saldrán a remate el próximo 30 de abril. El Gobierno provincial dijo que consiguió financiamiento del mismo banco para frenar la subasta y quedarse con el inmueble.
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