La problemática que genera el consumo de drogas en la provincia requiere, para que el Estado pueda cumplir un papel básico, la necesidad de apostar a más y mejor recurso humano: en la actualidad hay sólo dos asistentes sociales -y como monotributistas- que se ocupan del trabajo comunitario en toda la provincia. Esa tarea, la llamada “prevención inespecífica”, es la que resulta neurálgica a la hora de avanzar frente a la extensión de una problemática cada vez más compleja y que comienza en edades cada día más tempranas.

A contramano de las declaraciones de la jueza Victoria Elena Fresco, que sentenció que en el IPESA están los “pequeños delincuentes” que “no tienen solución” porque “son drogadictos”, hay profesionales y trabajadores que dan batalla frente a esa realidad.

Ivana Chillemi es sicóloga de la Subsecretaría de Salud Mental y Abordaje de Adicciones. Y desde ese lugar dijo, en el programa “Gastando el Mazo” (www.radiokermes.com) que “se está tratando de brindar un servicio en los distintos frentes”.

Visión estratégica

Siempre dejando en claro que hablaba a título personal, y que algunas cuestiones dependen de su opinión, dijo: “Lo fundamental en lo que hace a ese tema es el trabajo comunitario y el trabajo comunitario supone ir a trabajar en los barrios, hacer la prevención inespecífica. Hoy en día (la Subsecretaría) cuenta con solo dos personas en el área (asistentes sociales) como responsables de todo lo que pasa en la provincia, y son monotributistas. Tratan de hacer lo posible en las condiciones en que están”.

Apuntó que “con el trabajo comunitario se crean las redes para detectar personas y grupos en riesgo y facilitar la llegada al sistema de Salud, hay gente que no sabe que existe, que pueden recurrir. La Subsecretaría no sólo brinda la asistencia, sino que cubre los gastos de lo que implica un tratamiento, si necesita de una internación, cuenta con muchos recursos para ofrecer al paciente”.

“El punto más complicado es el que hace a los recursos humanos. Es mi opinión y criterio, pero la situación en ese punto es central y estratégica para que la comunidad pueda llegar”, aseveró.

La llamada “prevención inespecífica” consiste, a grandes rasgos, en “armar talleres, actividades que tienen que ver con fomentar hábitos de vida saludable, promover que en sus momentos libres en vez de llenarlos con un consumo descubran una experiencia placentera en otras cosas. Ese es el abordaje inespecífico y preventivo, que encuentre interés, pasión, deseo, en otras cosas que hacen que el consumo caiga”, explicó Chillemi.

“Lo que viene va a ser más complicado”

La Subsecretaría funciona hace 7 años. Cuenta con profesionales y trabajadores no profesionales que se desempeñan como monotributistas desde entonces. Esta situación “durante mucho tiempo se silenció, hubo muchas desigualdades entre personas que cumplían tareas similares con responsabilidades similares. En el último tiempo se han ido profesionales, sicólogos. Muchos han pasado por la Subsecretaría y al no ofrecer ciertas condiciones mínimas hacen que se vayan”.

Chillemi es también delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado en ese organismo.

Apunta que la Subsecretaría “tiene muchos recursos materiales, lo que se invisibiliza es que el recurso más importante es el recurso humano formado y capacitado en la temática. Serán los que puedan hacer algo con lo que viene. Lo que viene va a ser algo más complicado, el consumo vino para instalarse y quedarse; los consumos se dan en edades cada vez más tempranas, lo cual también genera un impacto biológico; la cocaína que circula genera deterioros orgánicos muy importantes, además de estragos síquicos y sociales”, advirtió.

En la Subsecretaría, entonces. se requieren sicólogos, siquiatras (recién hay una estable desde el año pasado), médicos clínicos, enfermeros. “Si los profesionales se van de a 3 o 4 por año, en una población de 10, es un número muy importante. Los pacientes tienen que ser reasignados, es un impacto sobre los profesionales y sobre los pacientes. Y es bueno que los profesionales trasciendan en el tiempo, que se pueda formar y capacitar con el paso de los años genera una mejora”, afirmó.

Chillemi contó: “un trabajador cualquiera no puede estar 3 meses sin cobrar, y ha pasado. A mi criterio hay recursos materiales, falta la inversión en recursos humanos. La prioridad es apostar a los recursos humanos, tener trabajadores capacitados, motivados, con ganas de estar en su lugar de trabajo y hacerlo bien”, redondeó.

Un nuevo paradigma

La profesional abordó la realidad de la nueva ley de Salud Mental. Y señaló cuál es la costumbre. “Muchas veces se internaba una persona en una comunidad terapéutica, contra su voluntad, y a lo mejor durante 3 años. Termina siendo un depósito de personas. La nueva ley de Salud Mental trata de introducir un viraje, al considerar la internación como medida de último recurso”, diferenció.

“La idea es desarticular este tipo de lugares y crear otros dispositivos, no para expulsar a esas personas a la calle, sino para tener dispositivos más humanizados, como que los hospitales tengan un cupo de camas, por ejemplo; que el tratamiento de adicciones no se haga en un lugar específico sino en los hospitales generales para no provocar estigmatización; que se creen hogares de medio camino, centros de día, casas de convivencia, otros dispositivos alternativos al manicomio y a las comunidades terapéuticas que internan, aislan y alejan de su entorno; las privan de su libertad”.

“La internación nunca es una solución a un conflicto. Y no hay que sacar al paciente de su familia”, remarcó.

Los grandes problemas

La sicóloga Ivana Chillemi contó que ella, en lo particular, atiende en su mayoría a pacientes que llegan con problemas de consumo de cocaína y alcohol. “El mayor porcentaje de pacientes tiene estas características. Y es un consumo problemático”, indicó.

Alertó que “es preocupante el consumo de alcohol, cocaína, y benzodiazepinas (ansiolíticos legales que se prescriben médicamente, como el Clonazepán, que es altamente adictivo); son consumos que suelen ir de la mano y son conflictivos sobre todo cuando recaen sobre sectores más vulnerados, porque generan más vulnerabilidad y producen situaciones de mucho riesgo y violencia”.

“El consumo de Clonazepán es altísimo”, insistió Chillemi en la entrevista con el programa “Gastando el Mazo”. Añadió: “Me da la impresión de que desde la medicina, los clínicos, ginecólogos, generalistas, prescriben con demasiada facilidad y rapidez los ansiolíticos. Y son altamente adictivos”, remarcó.

“Cuando hay un uso problemático, tiene la particularidad de que toma la vida de una persona, destruye sus vínculos, dificulta su inserción social, tiene problemas laborales. Ese es un consumo problemático. Tanto en esos casos como en los otros, no se trabaja directamente sobre la sustancia, sino más bien sobre las situaciones conflictivas que disparan este consumo, que hacen que la persona no tenga otras herramientas”.

“Cada persona tiene una forma diferente de hacer con ese sufrimiento. Algunos lo resuelven mejor que otros, y es con eso que se trabaja”, insistió la sicóloga.

Puso como ejemplo histórico el hecho de que “la entrada del alcohol a los indios norteamericanos los destruyó como comunidad. Consumían marihuana u otras sustancias para nosotros ilegales en medio de ritos chamánicos socialmente aceptados y no era una problemática, pero la llegada del alcohol sí. Está todo atravesado por cuestiones ideológicas, culturales y sociales”, completó.

Luego, ante una consulta puntual, agregó: “Que la marihuana esté prohibida es una construcción social. La ‘pipa de la paz’, ¿qué contenía? Y no era algo problemático... el consumo de marihuana se ha instalado. Tal vez legalizarla desarticularía ciertos negociados. Pero son construcciones sociales. Son más adictivas las benzodiazepinas que la marihuana, que ya se usa para el tratamiento para el cáncer, tiene un uso terapéutico a veces de manera extraoficial”.

Internaciones

Ivana Chillemi hizo notar que en el caso de La Pampa las internaciones por adicciones “se hacen fuera de la provincia, lo que implica un costo muy alto y un desarraigo que va en contra de lo que prevé la nueva ley”.

La ley establece que a partir de este año el porcentaje de lo que se destina a Salud Mental tiene que aumentar entre el 7 y el 15%, para implementar nuevos dispositivos: “hay que crear un nuevo tipo de instituciones, reglamentar la ley en la provincia, además de requerir recursos humanos capacitados. Esto implica volver a pensar de otra manera y Nación se compromete a que va a proveer recursos económicos, técnicos y de capacitación para llevarlo adelante”, indicó la sicóloga.

Recordó que “las obras sociales están obligadas a cubrir el tratamiento de adicciones. Al incorporarse las adicciones como un problema de salud mental, hace que se vean obligadas a esa cobertura. Pero hay un sector que no cuenta con los recursos”.