“La Ley de mediación que exime al Poder Judicial de pagar a los mediadores un honorario menor de 10 mil pesos, prácticamente a desquiciado el sistema. Y, esto vulnera el derecho de acceso a la justicia a las personas de menores recursos y crea un conflicto social”, advirtió el letrado.

Aráoz explicó que “cuando uno va a un juicio hay un vencedor y un vencido, mientras que cuando hay una medicación las partes acuerdan y ambas quedan de acuerdo con la solución que se les a dado. Cuando hay un conflicto en una pareja que se separó y no se ponen de acuerdo para compartir con los hijos, en ocasiones hay casos que terminan con actos de violencia, y con la mediación, más o menos, este tipo de situaciones se resuelve de forma amigable”, agregó.

Según el presidente del CAT, “en definitiva, todo esto se ve afectado con una ley que incluye un sistema economicista, que no ayuda ni al funcionamiento del Poder Judicial ni a los ciudadanos para garantizar el acceso a la justicia, sobre todo a los de menores recursos”.

Aráoz precisó que mediante la presentación de una nota se pidió al Parlamento un debate para analizar dicha ley. “Ya hemos enviado una nota al presidente (subrogante) Regino Amado, a Carolina Vagas Aignasse, al presidente del grupo opositor, al grupo del oficialismo, pidiendo audiencia para debatir, para ver cómo podemos solucionar el funcionamiento de la Ley, porque en estos momentos este sistema no quiere ser utilizado por ni por los abogados ni por los mediadores, porque esta trayendo muchos conflictos”, resumió.

Como se recordará, por iniciativa del oficialismo, la Cámara modificó en marzo último la Ley de Mediación, resolviendo, entre otros cambios, que el financiamiento del sistema recaiga sobre las partes, salvo supuestos excepcionales. Antes de esa modificación, el Estado abonaba los honorarios de los mediadores -siempre en función del valor aconsejado para la consulta escrita- en todos los casos sin monto o que tuviesen un monto menor de $ 10.000, haya o no arreglo.