El Colegio de Abogados de Tucumán (CAT) oficializó ayer su propuesta para que el Gobierno implemente un sistema de audiencias públicas a la hora de elegir al reemplazante de Alberto José Brito en la Corte Suprema de Justicia, cuando éste se jubile.

Mediante una nota, dirigida al gobernador José Alperovich, los letrados Eudoro Aráoz y Jorge Contrera, presidente y secretario del CAT, respectivamente, solicitaron que, a la hora de designar al nuevo vocal de ese Tribunal, se "tenga bien considerar la posibilidad de adoptar un procedimiento similar al que se siguiera a través del decreto presidencial 222/2003 para la selección de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Dicho decreto, que fue aplicado por el gobierno de Néstor Kirchner para designar a los actuales integrantes del Máximo Tribunal del país, ordena un procedimiento de consulta a la ciudadanía respecto a la capacidad técnica, la moral y el compromiso de los postulantes propuestos con el sistema democrático y con el respeto de los derechos humanos.

En este sentido, el instrumento permite a los ciudadanos (individual o colectivamente), a las entidades colegiadas y a las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico o científico y a las organizaciones no gubernamentales con interés y acciones en el tema, hacer conocer en forma oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que pudieran tener respecto a la propuesta de nombramiento.

Por otro lado, la disposición presidencial establece que los postulantes a jueces supremos presenten una declaración jurada detallando su situación patrimonial y su actuación en el plano profesional durante los últimos ocho años.

El argumento del CAT

Los integrantes del CAT justificaron su pedido señalando "la intención y el profundo deseo de que la persona designada, además de la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función, goce de la consideración de la sociedad toda de nuestra provincia”.

“Entendemos que nuestra propuesta tendrá una buena recepción, ya que la misma esta planteada dentro de la manifiesta intención del señor Gobernador de proveer a la provincia de Tucumán de la calidad institucional que merece", acotaron Aráoz y Contrera en la misiva dirigida a Alperovich, a la cual EL SIGLO tuvo acceso.

Una autolimitaición

Es oportuno aclarar que la Constitución provincial faculta al Poder Ejecutivo a designar discrecionalmente a los candidatos a miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, para que, en última instancia, la Legislatura preste su acuerdo.

Con ese mecanismo, Alperovich ya nombró en el Tribunal a Antonio Estofán y a Claudia Sbdar, en reemplazo de Alfredo Dato y Eduardo Area Maidana, respectivamente.

Si decidiera aceptar la medida propuesta por el CAT, el Gobernador estaría autolimitando las atribuciones que le confiere la Carta Magna para la selección de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, con la instrumentación de un proceso participativo.

El caso nacional

Para la designación de Carmen Argibay en la Corte de la Nación, en 2004, el proceso de consulta ciudadana aplicado en cumplimiento del decreto 222/2003 se realizó mediante publicaciones efectuadas por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, durante el plazo de tres días corridos, en el Boletín Oficial y en diversos diarios de circulación masiva (Clarín, La Nación, Página 12, Diario Popular, La Prensa y el Cronista Comercial).

En dichas publicaciones se anunció que, por el plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la última publicación en el Boletín Oficial se iniciaba el término para que los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas y de derechos humanos presenten sus posturas y observaciones.

Además, los antecedentes académicos, laborales, profesionales y personales de la candidata se dieron a conocer a través de Internet, en la página web del Ministerio. Dentro del mencionado plazo de 15 días corridos se recibieron observaciones (objeciones o apoyos) a la postulación por parte de personas físicas e instituciones. Además, Argibay debió someterse a una ronda de consultas mediante un proceso en el que participen diferentes sectores de la sociedad civil organizada, profesional, judicial, académica, social, política, y de derechos humanos.

Luego del mencionado proceso no vinculante, el Presidente eligió a la candidata y elevó su pliego al Senado. El decreto estableció también que las observaciones recibidas en el proceso y así como el resultado de las mencionadas consultas sean enviados al Senado junto con los pliegos del candidato.

Transparencia

Por otro lado, el artículo 5º del decreto 222/03 establece que los postulantes a la Corte "deberán presentar una declaración jurada con las nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integran el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores, en los términos y condiciones que establece el art.6º de la Ley de Ética de la Función Pública (Nº 25.188) y su reglamentación".

Asimismo, señala que los candidatos deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integran o hayan integrado en los últimos ocho años; y los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos ocho años. Esto "en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes, y en general cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, actividades de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses".

Finalmente, el instrumento que el CAT pidió aplicar en Tucumán advierte que "sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración".

Expectativas

Como se recordará, Brito, quien tiene 60 años, presentó el pasado 7 de octubre la renuncia condicional a su cargo, por lo que su alejamiento se hará efectivo una vez que la ANSES le comunique el otorgamiento del beneficio del 82 por ciento móvil. Mientras tanto, el magistrado seguirá desempeñándose en el cargo. Según estimó días atrás el propio Alperovich, la vacante del todavía vocal de la Corte se producirá recién entre febrero y marzo de 2011.

Ni bien Brito presentó su dimisión, ya había circulado la versión sobre la intención del la institución que representa a los abogados tucumanos de exigir un mecanismo de audiencias públicas para definir el nombre de quien reemplace a Brito.

En esa oportunidad, cuando se le preguntó al Gobernador si estaría de acuerdo en aceptar un planteo de esa naturaleza, éste respondió que será “respetuoso de lo que dice la Constitución y las leyes”.