dispone trámites que no se encuentran enmarcados por ley ni en el fallo y, por lo tanto, sigue en contramano a lo dispuesto por el máximo tribunal argentino.

Tania Kiriaco.

Imprimir Enviar Aumentar, reducir tamaño del texto

La ambigüedad del decreto surge desde el momento que se habla de denuncia penal o declaración jurada con el acompañamiento de Asesores de Menores o Defensores, en ambos casos, la intervención del Ministerio Público.

La abogada de derechos Humanos, Tania Kiriaco, entendió que es incorrecto solicitar la intervención de asesores o defensores, porque ello "va más allá de lo que pide el fallo. Es judicializar el caso". Por su parte, la abogada identificada con los grupos de Género y de lucha por los Derechos de la Mujer, Mónica Menini, coincidió con la postura de Kiriaco al agregar que "la violación es un delito de instancia privada que se puede denunciar o no…por la puerta que sea nos hace entrar a la Justicia cuando la Corte lo que falló es lo contrario", sostuvo.

"No se pueden adjuntar dos condiciones cuando la sentencia nada dice ni mucho menos lo dice el artículo 86 del Código Penal", indicó por su parte la abogada Graciela Abut en Radio Nacional. Agregó que la CSJN exhorta al pedido de que se quiten las barreras para acceder a este derecho recordando que el fallo también sostiene que todo funcionario que obstaculice el acceso a ese derecho puede ser perseguido penalmente. En este caso, el gobernador salteño podría ser uno de los funcionarios señalados.

El abogado Pedro García Castiella, por su parte, entendió que "no hay ningún tipo de judicialización", sostuvo que en cambio "se está dando la alternativa o que se haga la denuncia o recurra a un asesor de Incapaces que va a dar fe de la denuncia", en tanto, coincidiendo con Menini, aceptó que la violación es un delito de instancia privada que puede o no ser denunciado por la mujer que haya sufrido el delito.

Los casos "fabricados"

Una de las preocupaciones a las que arriba Urtubey, y que se ven con claridad en los considerandos del decreto, es que se debe "impedir que se utilicen fraudulentamente prácticas ilegales o, como bien las define la Corte Suprema, casos fabricados".

Al ser consultada por esa postura, Menini ironizó la posición de la provincia al sostener que "siempre es esta la mirada, que las mujeres fabricamos, fabricamos la violencia familiar, y ahora las situaciones para acceder a los abortos. Fabricamos siempre la posibilidad de acceder a nuestros derechos".