La entidad, en tanto, rechazo declaraciones del procurador general de la provincia, Arnaldo Canteros, en el sentido que “más allá que litigar en el Chaco sea relativamente barato, en nada estamos de acuerdo que considere que nosotros tememos que con el aumento de la ley de tasas nos quedemos sin clientes”.

De manera inequívoca, “aumentar la tasa de justicia implica excluir al trabajador, al obrero, porque ese aumento lo tiene que pagar el cliente, no el abogado, y además, no implicará una rápida mejora salarial para los empleados este posible aumento”, enfatizó el abogado en declaraciones al programa de la tarde de Radio Universidad Uncaus. El presidente del colegio de abogados dijo que “hay un gran error cuando se intenta interpretar que estar en contra el proyecto es igual a una movida por parte de los abogados”, agregando que “menos cierto es decir que lo hacen por una especie de a quedarse sin clientes”. “Justicia cara” Mijaluk dijo que “nosotros seguiremos sosteniendo que el proyecto de tasa de justicia así como está, implica privar a la ciudadanía del acceso a la justicia, porque vamos a tener una justicia cara”; indicando luego que “nosotros no estamos en contra de un aumento diferenciado de tasas pero que se haga para grandes usuarios o los usuarios con domicilio fuera de la provincia que vienen a usar el servicio de justicia del Chaco; pero no un aumento indiscriminado del servicio de justicia”. Señaló la entidad, a través de Mijaluk, que en el sistema republicano de gobierno, “la justicia es un servicio y por tanto es gratuito, y estamos en contra de una justicia solamente elitista, o para los que tengan dinero para acceder a ella”. El dirigente dijo que los abogados “somos garantes en cierto modo del sistema republicano de justicia y por lo tanto, nos oponemos tajantemente a este proyecto”. El manejo de los recursos Sostienen los abogados que en cuanto al proyecto de ley presentado “lo que vemos es que el STJ pretende tener un manejo de un volumen de dinero bastante abultado que para manejo discrecional, llámese obras o sueldos, pero no estamos en contra de que el máximo órgano judicial pueda realizar obras, mejoras edilicias, infraestructura, y mejorar sus sueldos; pero creemos que la variable de ajuste no debe ser el justiciable, no debe ser el ciudadano y esta medida lo único que propone es que aquel que no posea recursos económicos no pueda acceder al servicio de justicia”, sentenció. De manera tajante, sostuvo que “no hay un fundamento real que justifique el aumento a la tasa de justicia”.