A diferencia de la denuncia anterior, que controvertía sólo la actuación de los cuatro vocales varones del alto tribunal (Antonio Gandur -presidente-, René Goane, Antonio Estofán y Daniel Posse), la última presentación de Brito incrimina también a la quinta integrante del cuerpo, Claudia Sbdar.

En primer término, el profesional reiteró sus objeciones respecto del mecanismo de auditorías implementado por la Corte en 2011, con una disidencia de Sbdar. Según Brito, el sistema es inconstitucional porque implica un avance sobre la independencia judicial. Esta tesitura ya había sido sostenida por Guillermo Herrera, ex fiscal de Instrucción N°10, cuya actuación fue auditada el año pasado en medio de tironeos entre el alto tribunal, y Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar. La fiscalización dispuesta sobre causas objetadas por el Colegio de Abogados de la Capital derivó en la apertura de procesos penales y de un sumario administrativo, y, en última instancia, en la renuncia de Herrera, quien se jubiló en septiembre con el beneficio del 82% móvil. En paralelo, la Asociación de Magistrados de Tucumán denunció en sede penal a los auditores del ex fiscal, pero, por el revuelo interno que provocó dicha decisión, la acusación luego fue asumida a título personal por dos directivos, el defensor oficial Roberto Paz y la camarista Liliana Vitar.

Pero Brito también puso en tela de juicio otra actuación de la Corte ligada a Herrera: la decisión de intervenir en el proceso conectado a la causa “Jorrat”, a instancias del camarista Enrique Pedicone. “Tuvimos que presenciar este adefesio jurídico como espectadores de una trama alimentada por irrefutables y evidentes muestras de poder en desmedro de la sociedad”, criticó el abogado. En ese supuesto, Gandur, Sbdar y Posse removieron el decreto del camarista Eudoro Albo que había impedido controlar una resolución de la jueza Mirta Lenis de Vera favorable al ex fiscal, como pretendía Pedicone. Al informar tales circunstancias a la Corte, aquel juez expresó que Jiménez y otros magistrados habían operado para evitar que pudiese juzgar un caso con efectos sobre otros procesos contra Herrera con trascendencia pública, como “Teves-Albarracín” y “Rigourd”. En su denuncia, Brito dijo que la Corte nunca debió haber ejercido su jurisdicción en el caso expuesto por Pedicone. “Tamaño exceso funcional (...) recala en una conducta insalvablemente dolosa”, opinó.

El denunciante asimismo reprochó la decisión de la Corte de promover, primero mediante un fallido plan piloto y, luego, con un pedido concreto dirigido a la Legislatura y fundado en una reforma reciente del Código Penal de la Nación, la selección de las denuncias penales en función de criterios de oportunidad (este principio, que se opone a la obligación de investigar todos los casos, por fin fue convertido en ley durante la última sesión de la Legislatura). Brito insistió en que tal iniciativa era inconstitucional e ilegal. “La Justicia, para ser tal, debe atender todos y cada uno de los casos que las víctimas denuncien”, argumentó.Y añadió: “si no ‘pueden’ cumplir con la manda legal, ¡renuncien!”.

Por último, el abogado controvirtió una circular dictada por el presidente Gandur en 2014 con el fin de recordar a los magistrados que durante el proceso penal rige el principio de la libertad del imputado y que la prisión preventiva no debe ser aplicada con ligereza. Brito consideró que tal circular lesionaba la autonomía e imparcialidad de la judicatura.

“Denuncio a título personal, le moleste a quien le moleste”, precisó el letrado, que confirmó que sigue desempeñándose como codefensor del gobernador Juan Manzur en la causa por presunto enriquecimiento ilícito (posterior a 2010) radicada en la Justicia Federal -el otro abogado es Fernando Poviña, padre del juez federal N°2, Fernando Luis Poviña-. Brito comentó que la denuncia anterior no había podido ser localizada y que, por ello, había decidido articular otra el 16 de febrero. La presentación ingresó a la Fiscalía N°4, que encabeza Diego López Ávila.