El abogado del Grupo Clarín, Hugo Wortman Jofré desmintió hoy que se haya querellado a periodistas en una presentación judicial para que investigue si hubo incitación a la violencia en declaraciones sobre la protesta que hicieron los gendarmes y prefectos a fines de setiembre. El abogado admitió que en la denuncia se solicitó que sean citados los periodistas "como testigos" y aclaró que desistirá de su testimonio si sus expresiones fueron en el marco de una opinión.

La denuncia, que se radicó en el juzgado federal de Luis Rodríguez, fue efectuada para que se investigue la "incitación a la violencia colectiva" y en la misma se solicita que se cite a funcionarios, legisladores y a los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora Veiras, Javier Vicente, Edgardo Mocca y Orlando Barone.

En declaraciones a radio El Mundo, el abogado reiteró que la denuncia "no es contra los periodistas, sino que se pide que digan si tienen información sobre los hechos que denunciamos, cuando dijeron que el Grupo Clarín estuvo detrás (de los gendarmes) incitando o promoviendo o atentando contra la democracia". "Esto es como testigos y no se refiere a ellos como imputados, sino para que vayan a dar la información que tienen", agregó.

También Wortman Jofré señaló que la referencia al caso de los gendarmes "continuó con manifestaciones de diversos funcionarios, en relación a que el Grupo Clarín atentaba contra la democracia, que presionaba jueces y que incumplía la Ley. Ahora, tenemos por delante un tal vez día triste para la democracia, como el 7-D, sobre el cual se están haciendo estas manifestaciones promoviendo demonizaciones", añadió.

Sobre la situación judicial de los periodistas mencionados en la denuncia el abogado sostuvo: "Si señalan que tenían información, sin revelar las fuentes deben ir a decirlo a la Justicia, porque hay directivos que están corriendo riesgos ya que en la casa de algunos de ellos hubo pintadas diciendo 'Clarín con la democracia no se jode' y lo que queremos evitar son situaciones de violencia".

Pese a las explicaciones y del comunicado de los abogados del Grupo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo saber que asumirá la defensa de los periodistas y recordó el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos que exige el "respeto a la libertad de pensamiento y de expresión".