CIUDAD DE MEXICO.- Desde que el conservador Felipe Calderón asumió el poder en México, en diciembre de 2006, más de 30.000 personas murieron de forma violenta en acciones relacionadas con el crimen organizado, según datos de la fiscalía mexicana.

En un encuentro con periodistas, el fiscal general, Arturo Chávez, ofreció ayer el primer dato oficial de muertos por el narcotráfico desde principios de agosto, cuando el responsable del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, estableció la cifra de víctimas en poco más de 28.000 muertos.

Este año ha sido particularmente sangriento, según la fiscalía mexicana. Entre enero y noviembre, las autoridades contabilizaron 12.456 muertos por la violencia del narcotráfico, lo que eleva a 30.196 la cifra total desde que Calderón lanzó su ofensiva contra los carteles de la droga, en diciembre de 2006.

Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, es la ciudad más violenta del país, debido al enfrentamiento que mantienen desde hace años varios carteles del narcotráfico. Más de 3000 personas murieron en los 11 primeros meses del año. En los últimos tiempos, las autoridades detectaron que en Ciudad Juárez y en otras plazas dominadas por el crimen organizado, la lucha entre los carteles y la pérdida de sicarios en escaramuzas con la policía y el ejército llevaron a las organizaciones criminales a reclutar a menores y a inmigrantes indocumentados.

A pesar del trágico balance, Chávez señaló que el gobierno conservador del Partido de Acción Nacional (PAN) reafirmó la presencia del Estado en todo el país, al tiempo que promovió la depuración, capacitación y equipamiento de las fuerzas policiales. El fiscal general admitió, sin embargo, que el Estado mexicano "necesita transformar sus instituciones para estar a la altura de las necesidades que la sociedad le impone".

De acuerdo con los datos aportados por Chávez, en los primeros cuatro años de mandato de Calderón se instruyeron en México más de 540.000 investigaciones relacionadas con el narcotráfico, de las que más de 400.000 tuvieron un seguimiento judicial. Desde diciembre de 2006, los jueces mexicanos dictaron 88.000 sentencias, la mayoría condenatorias. "Lo que tenemos claro es que hay un debilitamiento importante de las estructuras delictivas", agregó Chávez.

En las operaciones antidroga realizadas en estos cuatro años, las autoridades mexicanas se incautaron de cargamentos de cocaína, heroína y marihuana por un valor de mercado superior a los 11.000 millones de dólares.

Chávez recordó que hay más de 200 delincuentes por los que se ofrecen recompensas, y subrayó que de los 24 narcotraficantes más buscados, diez fueron capturados o abatidos por las fuerzas del orden.

Sobre la situación legal de Edgar Valdez Villarreal, alias "la Barbie", un capo del crimen organizado arrestado a fines de agosto y pendiente de extradición a Estados Unidos, el fiscal general se mostró partidario de que responda ante la justicia mexicana.

En relación con el caso de Edgar Jiménez Lugo, alias "el Ponchis" -el adolescente de 14 años arrestado el 2 de diciembre pasado e implicado en varios crímenes-, Chávez dijo que el proceso judicial se encuentra en marcha en el estado de Morelos, donde fue arrestado.

El fiscal general se refirió también a la supuesta muerte, el pasado 8 de diciembre, de Nazario Moreno González, alias "el Chayo" o "el Doctor", presunto líder del cartel de La Familia Michoacana. Chávez admitió que las autoridades no tienen en su poder el cadáver del capo, pero precisó que cuentan con muchas evidencias de que murió.

Frustración

Por otra parte, 33 organizaciones empresariales y civiles mexicanas reunidas en el Observatorio Nacional Ciudadano para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, difundieron un mensaje en la prensa local en el que expresaron su "gran frustración" con la política de seguridad de las autoridades. "México se acerca a la conclusión de 2010 en un contexto creciente de violencia e inseguridad, que ha afectado a todas las capas de la sociedad", señalaron las organizaciones en su declaración.

Entre los firmantes del mensaje se encuentran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), México Unido contra la Delincuencia (MUCD), Transparencia Mexicana (TI) y el Instituto Mexicano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi).

En el mensaje, las organizaciones de la sociedad civil señalan: "La prioridad que se ha dado en el discurso público al tema de la seguridad contrasta con la falta de resultados en la disminución de los índices de inseguridad, violencia e impunidad".

Las voces más críticas acusan al gobierno de Calderón y al Poder Legislativo de no haber impulsado en el Congreso iniciativas como la creación de un mando único policial o el reforzamiento de la lucha contra el lavado de dinero.