Sólo unos 150 podrán seguir con la contraprestación ya que se trata de los que serán alcanzados por las leyes que rigen el tan mentado “megapase”. En las últimas horas la Dirección de Capacitación y Empleo del Ministerio de Trabajo cito a los responsables de organismos no gubernamentales que posean en sus instituciones personal beneficiario de éste programa, seguramente para ponerlos al tanto del modo en que se comenzarán a aplicar estos cambios. Estos referentes deberán presentarse de 09 a 15:00 en las oficinas del Ministerio de Trabajo, calle Obligado 750 en Río Grande.

El ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Echazú, consideró que la decisión del Ejecutivo fue mal interpretada en algunos casos, ya que “una cosa es la prórroga de los planes PEL para llevarle tranquilidad a los beneficiarios, y otra cosa es la prestación en el Estado provincial”.

En ese marco, el funcionario recordó que cuando asumió el gobierno de Fabiana Ríos encontró “mucho personal de planta, gran cantidad sin capacitar, lo que se llama los pomys, mal distribuidos, muchos empleados sin hacer nada; y por otro lado una gran cantidad de personal trabajando bajo esta figura de planes PEL, que en vez de capacitarse estaban realizando tareas, no capacitándose y hasta siendo explotados por el Estado para darles una cifra mínima para hacer la tarea de alguien de planta que no está haciendo”.

“Todo este desquicio –dijo- había que terminarlo, lo que no significa dejar de ayudar a la persona que tiene la necesidad. Si hubiéramos eliminado el plan PEL, hubiéramos quitado esa ayuda a gente que lo necesita, y este gobierno no iba a dejar a esta gente abandonada, de ahí la prórroga, pero no la prestación en el Estado provincial”, diferenció Echazú.

En este punto, el titular de la cartera laboral recordó que existe una excepción para aquellos beneficiarios que tienen la posibilidad de ingresar al Estado, a través de alguna de las leyes que establecieron el “megapase”.

En ésta situación se encontrarían unas 150 personas que continuarían prestando servicios, mientras que otros 400 ya no volverán a los lugares donde frecuentemente asistían para la contraprestación.

Sobre éstos últimos existe el compromiso del Gobierno provincial de capacitarlos para conseguir una eventual reinserción en el sector privado, para lo cual desde febrero o marzo se estaría trayendo a Tierra del Fuego cursos y talleres, con la colaboración del Gobierno nacional.