La obligación de contar con una calificación fue impuesta como un principio de transparencia hacia los inversores. Aunque sus informes son vistos como un golpe ideológico, solo evalúan todo aquello que afecta la capacidad de pago del deudor. Algo similar a lo que hace el Banco Central cuando informa los incumplimientos de un cliente bancario (alerta que el Estado a veces ignora, como cuando le da fondos a una fundación que tiene cientos de cheques rechazados).

Para la Presidenta, hacerle caso a una calificadora es de ‘giles’. Hasta acompañó en el sentimiento a los países europeos que “ahora” entienden la visión argentina y cuestionan sus sentencias a destiempo.

Si el país hoy no sufre estas notas es porque no emite deuda y elude las calificaciones. El mayor prestamista del Estado hoy es la ANSeS. O sea que los que financian y asumen el riesgo argentino son los jubilados actuales y futuros. A ellos no les vendría mal que alguien les diga si sus chances de cobrar suben o baja. Pero eso no va a pasar: ningún político (ni acá ni en Europa) quiere avivar giles.