Los procesos electorales en Córdoba, cada cuatro años, parecen traer consigo una vuelta del contador a cero en cuanto a las reglas de juego y la organización de los comicios.

Las sospechas de fraude en 2007, parieron una reforma del Código Electoral, que en 2011 se aplicó a medias (sin control de gastos de campaña, ni financiación estatal) y con la aparición de la Boleta Única de Sufragio (BUS) como la gran novedad.

Para los comicios del pasado domingo, otra vez cambios: sólo un par de meses antes se modificó la BUS, con la incorporación del casillero para votar lista completa. Y no bien terminada la elección, el gobernador José Manuel de la Sota y su sucesor electo, Juan Schiaretti, salieron a dúo a pedir un nuevo viraje, para ir en busca del voto electrónico.

Ese nuevo horizonte es hijo de la tensión inestable entre dos factores: la velocidad del escrutinio y las garantías de seguridad en ese proceso. En un movimiento pendular, pareciera que, alternativamente, se potencia uno en desmedro del otro.