Según el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires 2074 víctimas describieron 6843 casos de torturas y/o malos tratos que incluyen malas condiciones de detención, aislamiento, falta o deficiente alimentación, agresiones físicas, falta o deficiente asistencia de la salud, impedimentos de vinculación familiar y social, traslados constantes, amenazas, robos de pertenencia, traslados gravosos y requisas personales vejatorias. El Servicio Penitenciario Bonaerense es tristemente célebre por eso. La gobernadora María Eugenia Vidal prometerá en grande este miércoles: pondrá en marcha una reforma integral que tiene, como uno de sus objetivos destacados, "desterrar la violencia institucional" en los penales.

El anuncio lo harán el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y el secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón. El texto del proyecto, al que accedió Letra P, enumera una serie de medidas que dispondrá el gobierno provincial, que principalmente persigue dos objetivos, buscando implementar "acciones que faciliten un adecuado proceso de reinserción de los internos, garantizando que las condiciones carcelarias no agraven la privación de la libertad, protegiendo así también a la sociedad frente al delito al reducir la reincidencia", y tomar "medidas para el fortalecimiento institucional del SPB, que permitan desarrollar y potenciar sus capacidades humanas, técnicas y funcionales, y reforzar sus servicios sociales, de manera que la organización cuente con las herramientas necesarias para cumplir con sus acciones y adaptarse adecuadamente al cambio".

De esta manera, según le confiaron a este portal fuentes de la Gobernación, Vidal tiene formulado un "Plan Estratégico 2016-2026, que sirva de guía para llevar adelante una profunda reforma del sistema carcelario en la Provincia, respaldado por todas las fuerzas políticas y organismos de la sociedad civil". Lo que intentará es modificar a mediano plazo el paradigma del SPB, "a través de una Política de Estado que permita cumplir el mandato constitucional de tener prisiones para seguridad y reinserción, como centros de trabajo y educación, y no para mortificación de los detenidos".

El relevamiento hecho por el equipo de Justicia y Derechos Humanos da cuenta de que el SPB cuenta con 55 Unidades (50 Unidades y 5 Alcaidías) organizadas en 12 complejos penitenciarios. A ello se suman 7 Alcaidías Departamentales. Al día de hoy se registra un total de 33.077 internos, que se distribuyen en unidades (31.760) y en alcaidías (1.317). En comisarías hay 2.310 y con monitoreo electrónico, 1.218. Por eso, desde el gobierno provincial se trazaraon el objetivo de "reducir el hacinamiento, aumentando la cantidad de plazas disponibles para atender a la (sobre) población actual y al incremento anual estimado para el período contemplado", siempre según lo indica el informe que darán a conocer Ferrari y Cantón este miércoles.

El plan aborda también la temática de la educación, al trabajo, al deporte y a la cultura, y el equipamiento de Seguridad y Modernización Tecnológica, con objetivos específicos a cumplirse a partir de 2017. Y en un apartado del informe, se especifica en que lo que buscan, por otra parte, es "optimizar el funcionamiento del SPB, por medio del refuerzo de las capacidades de sus agentes y su proyección profesional, así como también  de la definición de procedimientos que reduzcan los márgenes de discrecionalidad y mejoren la transparencia y la rendición de cuentas".

Ferrari y Cantón harán especial hincapié en "impulsar la modificación del Estatuto del Personal Penitenciario. Se propondrá la reestructuración de la organización penitenciaria en cuatro carreras de inicio (Seguridad, Asistencia y Tratamiento, Profesional Técnico, y Administrativo) y, por otro lado, una Plana Mayor Única de Nivel Profesional al que se accederá a partir de determinados requisitos -como capacitación, antecedentes laborales y título universitario-".

Entre los puntos que se destacan en este aspecto, se encuentran: "reformar el régimen disciplinario del Estatuto del Servicio Penitenciario Bonaerense, incorporando temas como la sanción de la corrupción administrativa y/ o penal, el uso indebido de drogas tanto en la vía pública como en el servicio, etc"; e "implementar un conjunto de medidas tendientes a mejorar el procedimiento de visitas de familiares de internos, en especial a través de la toma de datos biométricos a familiares, a fin de reducir las horas de espera y evitar las corruptelas".

Vidal se había reunido con la CPM a principios de año, con el Premio Nobel de la Paz a la cabeza, Adolfo Pérez Esquivel. "Nos largó un desafío", comentó el presidente del organismo una vez finalizado el encuentro, en referencia al pedido concreto que la gobernadora les hizo en privado. Allí acordaron en una serie de ejes de trabajo a realizar este año. El anuncio de este miércoles irá en esa sintonía.