Así lo confirmó el titular de la Auditoría General de Asuntos Internos, Guillermo Berra, al afirmar que “la iniciativa es novedosa y tiene el objetivo de que el Estado sepa qué hacen los ex uniformados que fueron expulsados de la Policía Bonaerense por haber cometido delitos. Queremos saber qué hacen, si tienen vínculos con bandas narcocriminales o mafiosas”.

La implementación del registro tiene una preparación de varios meses e incluyó una ronda de charlas entre auditores de la AGAI con representantes de la Procuración de la Corte, cuyo titular es Julio Conte Grand. 

“Es muy probable que se pueda incluir la información de los exonerados dentro del Registro de Violencia Institucional de la Procuración para que sea un instrumento estadístico y de control que les sirva a todos los poderes y, en especial, a la Justicia", agregó Berra.

"En definitiva, queremos que el Registro sirva para que el Estado haga un control sobre los ex uniformados que, hasta la actualidad, pasan al anonimato una vez que son apartados de la Policía", comentó el funcionario.

Además, afirmó que el sistema ya está "muy avanzado" y que cuentan con datos de ex miembros de la fuerza desde 1996. De acuerdo a Berra, el programa contempla realizar cruces de información para ver si los exonerados que no están detenidos, tienen pedidos de capturas por otras causas.

Cabe destacar que durante los dos primeros años de gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires se desafectaron a 7.500 policías. En ese sentido, solo en la región capital, que comprende a los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada, la AGAI separó de la fuerza a 679 efectivos, expulsó a 81 y aplicó sanciones suspensivas a 175.