Si el ministro Jorge Varela intenta zafar del Juicio Político presentando su renuncia, como ya se especula en el oficialismo, tendrá que sortear otro escollo: esa dimisión debería ser aceptada por la Sala Acusadora o la Sala Juzgadora para que se dé por concluído el proceso, según la interpretación del diputado Martín Berhongaray.

El legislador -que es abogado e integra la Sala Acusadora que tiene en sus manos el caso del Megaestadio- aseveró que aun cuando Varela le presente su renuncia al gobernador, el Juicio Político debería seguir hasta su conclusión, ya que la ley prevé no sólo la posibilidad de la destitución, sino también la inhabilitación para ejercer cargos públicos en el futuro.

Además, el diputado consideró en diálogo con El Diario que “el mecanismo no es caprichoso, hay un interés público que privilegiar. El juicio político, además, puede ser disparador de otro tipo de actuaciones. Ese interés impide que un funcionario denunciado pueda desvincularse del proceso mediante la renuncia”.

De lo contrario, se abriría la puerta a una situación absurda pero no improbable: un ministro denunciado podría presentar su renuncia y al día siguiente asumir en otro cargo como si nada hubiera ocurrido.

Parte de la confusión surge de lo ocurrido con exfuncionarios judiciales sometidos a Juicio Político, que presentaron sus renuncias o se jubilaron anticipadamente para evitar sanciones. Pero esa es otra ley, un Jury no es lo mismo que un Juicio Político y en esos casos la sanción prevista expresamente es sólo la de la destitución. En cambio, en un caso como el de Varela, además de la destitución se puede aplicar una inhabilitación.

Consultado respecto de la posible renuncia del ministro, Berhongaray dijo que “si a mi me estuvieran investigando, querría salir airoso, dando la discusión hasta las últimas consecuencias”.

De todos modos, aclaró que “la renuncia no desvincula al acusado del Juicio Plítico, porque no es la destitución la única atribución de la Sala Juzgadora, también se lo puede inhabilitar para ejercer cargos públicos”.

“Si se diera el caso de una renuncia -reiteró- el proceso debería avanzar para evaluar si corresponde o no inhabilitarlo para ejercer cargos públicos en el futuro, está previsto en el ordenamiento pampeano porque se entiende que hay un interés público marcado por conocer qué es lo que ha sucedido”.

El planteo de nulidad

En declaraciones que hizo a www.radiokermes.com, Berhongaray consideró que en su planteo, Varela “parte de una premisa incorrecta, porque quien va a delimitar en función de qué le corresponderá eventualmente evaluar la conducta, va a ser la Sala Acusadora, en caso de que resuelva acusar. No es la denuncia la que fija los límites de la investigación”.

Aclaró que “la denuncia basta que cumpla con los recaudos formales establecidos en la ley, que se le endilgue al funcionario alguna de las inconductas que son causales de remoción. Lo cumple acabadamente el planteo del fiscal (Juan Carlos Carola). Va a ser la Sala Acusadora la que delimite la materia de investigación, la tarea que deberá llevar adelante la Sala Juzgadora en el caso de que se resuelva acusar al ministro”, insistió.

Del mismo modo, consideró que en esa instancia del proceso que corresponde una asistencia letrada, ante la Sala Juzgadora. Además, Berhongaray hizo notar que el ministro “fue comunicado previo a la declaración de cada testigo; pudo haber asistido como lo hicieron los periodistas o personas interesadas, no hubo restricciones”.

Aseveró además que ante la Sala Juzgadora “el funcionario tiene que tener la posibilidad de presenciar esas declaraciones y manifestar las objeciones que crea convenientes”.

“Gracias a la interna”

El diputado radical evaluó que “lo preocupante en términos institucionales es que estas irregularidades han salido a la luz gracias a que existe una interna feroz en el partido del gobierno, de lo contrario hubiéramos seguido sospechando, pero probablemente no hubiéramos tenido datos concretos. Afortunadamente esta interna que hay en el oficialismo ha sido la que destapó estas situaciones y se sospecha que estas irregularidades se cometen también en otras obras públicas”.

Ante la posibilidad de que algunos sectores acusen al FrePam de “jugar para el vernismo” en esa puja interna, el legislador comentó: “Las discusiones internas del PJ nos tienen sin cuidado, el Megaestadio hace tiempo que nos viene ocupando y ha sido motivo de muchas presentaciones, incluso denuncias penales. Ha quedado claro que había elementos de sobra para investigar lo que sucedió desde un comienzo y cómo fue evolucionando, cómo se fue ejecutando incumpliendo cantidad de previsiones contractuales, modificando a capricho el proyecto original, con una tremenda responsabilidad de la Provincia en no haber controlado y una tremenda responsabilidad de la empresa que evidentemente no tuvo la capacidad técnica para evaluar que la obra era inviable”.

- ¿Cómo se tomó el hecho de que en este contexto el gobernador invitara al presidente del bloque (Carlos Bruno) a reunirse con él?

- Yo no estaba en ese momento, pero aparentemente ha sido una invitación sin temario. El presidente de bloque resolvió ir y conversó, hablaron del tema Megaestadio según nos contó, y de algunos otros temas.

- Bruno dijo que no lo consideró un “apriete”, ¿es una interpretación personal o generalizada?

- Manifestó que no le hizo ningún pedido puntual, simplemente le pidió una apreciación sobre la evolución del juicio político.