El diputado nacional, Francisco Torroba participó en la presentación del II Informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Argentina, en este caso en relación con la temática de trata de personas. Se mostró crítico con varios aspectos, especialmente porque se ignoraron medidas que tomó el municipio. También concluyó que quedó demostrado que La Pampa no ha tenido una política de estado para persseguir y prevenir la problemática.

La actividad organizada y presidida por el titular de la comisión de Derechos Humanos y garantías del Congreso Nacional, Remo Carlotto, presentó el informe sobre trata de personas en nuestro país desde una perspectiva de los DDHH.

El informe tuvo distintas fases: la tarea de sistematización e historización de las normas que hacen al marco jurídico de esta problemática, el relevamiento sobre las legislaciones nacionales y provinciales que se hayan producido y una tercera fase de recomendaciones y conclusiones con incidencia legislativa.

El informe da cuenta del trabajo de los gobiernos y legislaturas provinciales, los avances y las observaciones de lo que falta hacer. En el caso de La Pampa sobre el eje de prevención en materia de trata solo se menciona la ley N° 2795 de adhesión a la ley nacional 26364 del año 2014.

“Paradójicamente el informe no da cuenta de la tarea de que tuvo la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa en la promoción y y difusión hacia otros municipios respecto de dictar normativas sobre el cierre de prostíbulos”, hizo notar un comunicado del diputado nacional.

Interpretó que “al ser un informe estrictamente provincial no releva ningún tipo de acción llevada a cabo por los municipios; en este caso quedan invisibilizadas las ordenanzas 3941/09 de cierre de prostíbulos y la ordenanza 4477/11 creando el Programa Integral para la Prevención, Atención y asistencia de la víctimas de trata y prostitución, siendo estas dos medidas tomadas por el municipio de Santa Rosa”, remarcó en referencia a las decisiones que se tomaron durante su gestión como intendente.

“En su intervención fue el propio fiscal federal a cargo de PROTEX, Marcelo Colombo, quien recordó que fue Santa Rosa la iniciadora de una serie de normativas que impulsaron otras en el país y medidas de tipo preventivo y reparatorias como el programa creado”, insistió Torroba.

El informe revela que para la provincia de La Pampa “la persecución, la prevención y el abordaje a través de un programa no ha sido una política de Estado, teniendo en cuenta que se no crearon programas y/o tipo de instrumento que requiere esta compleja problemática”, completó.