La oposición unió sus fuerzas para sancionar en el Congreso una ley que anulara los recientes aumentos en las tarifas de la electricidad, el gas, el agua y el transporte. La norma, vetada por el presidente Mauricio Macri, también fijaba que los incrementos no deberían ser superiores a la variación salarial y obligaba a las empresas prestadoras a devolver lo cobrado de más.De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), la anulación de esas subas no significaba que las compañías de servicios sacarían de sus arcas el dinero para los usuarios. “Implicaba que el Estado nacional debía compensar con mayores subsidios a las empresas por lo devuelto y por la insuficiencia de las tarifas con respecto a los costos de producir los servicios”, explicó la entidad. De ese modo, el gasto público se hubiera expandido –en base a estimaciones oficiales– en más de $ 120.000 millones a precios actuales, argumento que le sirvió al Gobierno para justificar el veto.

Para IDESA, a fin de tener una visión más consistente e integral del asunto debe recurrirse a datos sobre las cuentas públicas del Ministerio de Hacienda de la Nación. De hecho, entre el primer cuatrimestre de 2016 y el mismo período de 2018 puede verificarse que los subsidios económicos a la energía, el transporte, el agua y otros ítems se recortaron en un 48% en términos reales (o sea, ajustados por la tasa inflacionaria).

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Asimismo, el gasto en jubilaciones y pensiones durante dicho lapso aumentó un 11%, mientras que los gastos en programas nacionales que se superponen con funciones provinciales se elevaron un 54% por encima de la inflación.Según el relevamiento, estos números demuestran que la iniciativa opositora atacaba el único factor que hasta ahora venía ayudando a reducir el déficit fiscal. “Es entendible la preocupación por el aumento en las tarifas públicas. Pero anular la única vía que hasta ahora se utilizó para corregir la grave situación fiscal es la mejor manera de potenciar los problemas. Mucho más conducente hubiese sido buscar la moderación del impacto reduciendo la incidencia de los impuestos en el costo total de las tarifas”, expresó el reporte.

Según IDESA, parece entendible la preocupación por el aumento en las tarifas públicas, pero anular la única vía que hasta ahora se utilizó para corregir la grave situación fiscal es la mejor manera de potenciar los problemas.

Cuentas desequilibradas

El trabajo de IDESA precisó que el veto constituye un fracaso de la gestión política, al reflejar la incapacidad para encontrar y consensuar alternativas racionales que hagan viable el proceso de sinceramiento de las tarifas, por un lado, y al evidenciar la miopía generalizada para abordar la delicada situación fiscal, por otro. “Esto también subyace en los anuncios de las autoridades económicas de buscar el equilibrio fiscal poniendo límites a la incorporación de empleados públicos y recortes de gastos suntuarios en la administración pública”, puntualizó el informe.

Para la entidad, parte de la expansión del gasto deriva del sistema previsional y de los programas que ejecutan los funcionarios nacionales al cogestionar en forma indebida servicios a cargo de las provincias y los municipios.

Según el Instituto, si bien resulta sumamente pertinente avanzar en una mejor gestión de los recursos humanos y eliminar gastos superfluos, quedarse sólo con esas medidas equivale a seguir tratando de disimular la gravedad del problema. “Aun suponiendo que se logren ahorrar los $ 20.000 millones anunciados, representan menos del 5% del total del desequilibrio fiscal”, completó.

Estrategia coherente

El relevamiento de IDESA expone que una buena parte de la expansión del gasto público deriva del sistema previsional y de los programas que ejecutan los funcionarios nacionales al cogestionar en forma indebida servicios que están a cargo de las provincias y los municipios. “Las energías deberían estar centradas en abordar de manera integral este desorden. Con una visión en esta dirección, el ordenamiento del Estado resultaría más eficiente y social y políticamente más tolerable”, señaló la entidad.Desde su óptica, el camino a seguir pasa por replicar la experiencia del Consenso Fiscal que –tras un trabajoso proceso de búsqueda de coincidencias– permitió suscribir acuerdos conducentes.

“Ésta es la metodología que usan los países que prosperan, incluso experiencias cercanas como las de Uruguay y Chile. Para ello, se vuelve necesaria una mayor madurez política y un menor oportunismo a fin de acordar estrategias coherentes con el progreso económico y social”, concluyó IDESA.