Que los jefes de calles juntan plata para los comisarios, éstos para los jefes distritales, para que suba vía los Jefes de las Departamentales y superintendentes al subjefe y jefe de la fuerza, es un vicio que se aceitó con fuerza durante el sciolismo, donde según afirman dirigentes como el exdiputado Marcelo Sain o la renovadora Florencia Airetto. La suma recaudada por distintas maniobras superaba los 90 millones de pesos.

Por lo tanto las sospechas de que Ritondo no ha cortado con ese circuito tienen varios indicios. En primer lugar, el actual ministro de seguridad, a sugerencia de su antecesor, Alejandro Granados, mantuvo casi intacta la cúpula de la Bonaerense.

Pablo Bressi, el Jefe de la Policía, había sido el director general de Drogas Ilícitas durante los últimos 18 meses del segundo gobierno de Daniel Scioli, y en ese lapso el crecimiento del narcotráfico en el territorio bonaerense fue alarmante.

Pero además de Bressi, quedaron en la plana mayor de la Bonaerense otros funcionarios cuestionados, como por ejemplo Néstor Martín, un administrador de los recursos económicos de la fuerza que en su declaración jurada reconoció tener más de 4 millones de pesos.

Además de no sacarse de encima a funcionarios enviciados, Ritondo muestra una mano demasiado tierna con los policías jefes que fueron descubiertos en situaciones ilegales, como lo sucedido en la conocida causa de los sobres en La Plata.

En la investigación por la causa de los 36 sobres hallados con más de 153.000 pesos en la Departamental policial de La Plata el pasado 1º de abril, el sumario administrativo de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, muestra falencias alarmantes: dos de los cuatro imputados por asociación ilícita y cohecho siguen cobrando la totalidad del sueldo a pesar de haber sido desplazados de sus cargos y no se avanza en las responsabilidades de los mandos superiores.

Está claro que no es la intención política del Ministerio llegar hasta las últimas consecuencias. Además de la inexplicable decisión de pasar a disponibilidad al exjefe de operaciones Ariel Huck y el exsecretario de la Departamental, Walter Skramowskij, y con eso reducir al 50 por ciento sus ingresos, y mantener solo como desafectados al exjefe de la dependencia policial indicada, Darío Camerini y su segundo, Rodolfo Carballo, con lo cual no se les tocó sus ingresos, el sumario no busca complicidades con los altos mandos de la Policía Bonaerense.

Increíblemente, Camerini y Carballo, los principales imputados, podría decirse que fueron premiados: no trabajan y cobran el sueldo completo.

Además, Asuntos Internos nunca avanzó con una denuncia preocupante: la que sostiene  que el 6 de abril último, es decir, cinco días después de que se visualice la corrupción policial local con el secuestro de los 36 sobres en la Departamental, el superintendente de la región capital,Fernando Grasso, jefe inmediato superior de Camerini, sufrió un violento asalto.

Grasso habría sido fue reducido por cuatro sujetos armados que se movilizaban en un auto marca Chevrolet Corsa cuando a la madrugada llegaba a su casa en Quilmes Oeste.

“Los delincuentes le pegaron un culatazo en la cabeza a Grasso y le sustrajeron un bolso con 400.000 pesos”, explicó el denunciante, quien agregó que “el jefe policial se atendió en la guardia del Hospital Iriarte, pero que nunca fue denunciado el hecho”.

Todo parece indicar que el efectivo que se llevaron los malvivientes correspondía a la recaudación ilegal en La Plata. Entonces ¿por qué no se investiga a Grasso en el circuito de corrupción? ¿Será que ese dinero llegaba en parte también al subjefe y jefe de la fuerza,Néstor Perrone y Pablo Bressi, y a las autoridades que conducen el Ministerio de Seguridad de Ritondo?