La Convención Radical emitió ayer un documento muy crítico sobre la actualidad social en la provincia y adjudicó responsabilidades a una mala gestión del Gobierno y la ausencia del Estado.

Tras una reunión en Resistencia, la Mesa Ejecutiva de la Convención de la UCR dio a conocer un pronunciamiento respecto a falencias en materia de seguridad, salud, educación, servicios públicos y la falta de acceso a información concreta por parte de la sociedad.

«Ante esta gravedad institucional, se hace imprescindible la conformación mecanismos de control que mediante auditorías externas permitan a la sociedad acceder a la información concreta sobre la cuestionada gestión y administración», cuestionaron los integrantes ejecutivos de la Convención que encabeza Germán Perelli, representante del NEA en el radicalismo.

El partido marcó lo que entiende como una «fuerte inacción por parte del Gobierno» y también cargó contra el actual jefe de Gabinete Jorge Capitanich por «abandonar sus responsabilidades».

El documento de la UCR señala como primer punto la falta de seguridad ciudadana. «Las informaciones que a diario se difunden y publican, continúan presentando en forma sostenida al tema seguridad como prioritario para la comunidad», fundamentaron.

«La mayor parte de la fuerza (policial) se encuentra con agentes que perciben salarios magros, jóvenes policías con escasa formación sin lo necesario para hacer medianamente su trabajo. La falta de políticas de prevención, y la inoperancia ante los hechos delictivos, no podemos atribuírselo a aquellos que arriesgan sus vidas por nosotros, pero sí, sin duda alguna, a la falta y falla en políticas de seguridad», entienden desde el radicalismo.

CRITICAS EN EDUCACION Y SALUD

El segundo punto remarcado como negativo por la Convención que preside Perelli tiene que ver con educación, salud y justicia.

«Los paros sostenidos y continuos con reclamos que abarcan pautas salariales, falta de insumos, mejores condiciones de trabajo», opinaron. Para la UCR, las repetidas huelgas de docentes, judiciales y trabajadores de la Salud «paralizaron todo el año a la provincia, sin que el Gobierno tome nota de la situación. Aún teniendo en cuenta la gravedad que implica una falta de atención en la casi totalidad de centros de salud y hospitales, que aunque realizan su reclamo con guardias mínimas, dejan a un alto porcentaje de la población sin cobertura y con riesgo de salud».

«Los más de dos meses perdidos de clases muestran un escenario educativo en estado crítico que indudablemente repercutirá en la formación académica de los niños, a corto y mediano plazo», continúa la crítica partidaria. Finalmente, el documento hace referencia a «la situación catastrófica deficitaria de Sameep y Secheep», y «la deuda millonaria que tienen ambas entidades con el Insssep, lo que configura gravedad institucional que hace imprescindible la conformación mecanismos de control».