A contramano de los informes realizados por organismos de Derechos Humanos, la población carcelaria en la provincia de Buenos Aires no es una preocupación para el gobierno de Daniel Scioli, sino que, incluso, destaca la apertura de más de 9 mil plazas carcelarias que lo distancia de las denuncias de hacinamiento realizadas.

“En la gestión del gobernador Scioli ha incorporado más de 9.000 nuevas plazas penitenciarias”, enfatizó hoy el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, al rechazar las declaraciones del juez bonaerense Mario Juliano que pidió ayer la conmutación de ciertas penas para reducir la tasa de encarcelamiento.

En efecto, en un reciente informe la Comisión por la Memoria presentó, por caso, que en lo que va del año existe un aumento de más del 10% en la tasa de prisionización con respecto a la totalidad del 2013, y de un 13% de las detenciones en comisarías sólo en el período que abarca desde diciembre a abril, cuando se declaró la Emergencia en Seguridad.

Según consignó Juliano, magistrado penal de Necochea, en la provincia hay 33.166 detenidos, cifra que calificó como “récord histórico”. El juez presentó la propuesta en el espacio bicameral sobre Derechos Humanos, inaugurado ayer en la Legislatura, donde también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentaron sus diagnósticos, coincidentes al respecto.

Basado en un documento del Registro Único de Detenidos de la Provincia de Buenos Aires (RUD), la CPM consignó que en diciembre de 2003 existían en la Provincia de Buenos Aires en el fuero de adultos, “29.928 personas detenidas sin concesión de arresto o prisión domiciliaria. “En la actualidad, surgen del RUD 33.166 personas detenidas en esos términos, lo que implica un incremento del 10,8%, representando, en consecuencia, un aumento porcentual en lo que va del año superior al detectado durante la totalidad de 2013”.

A su vez, la entidad también apuntó contra el alojamiento de presos en comisarías, que calificaron de inconstitucional, de acuerdo a los datos del RUD, existe "surge un incremento desde diciembre hasta abril de un 5,5% en la cantidad de detenidos alojados en el Sistema Penitenciario Bonaerense. y de un 13% respecto de los detenidos alojados en Comisarías”.

Pero no se trata sólo de un posicionamiento en la Provincia. En 2013 el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes reveló un lapidario informe sobre la situación de los penales provinciales. El organismo constató que en los complejos los criterios de subsistencia son “obsoletos” y determinó que  las condiciones de arresto son “deplorables”,

Sin detenerse en la gestión de Scioli, distintas entidades de Derechos Humanos remarcaron que se trata de una problemática que lleva varios años de arrastre en la Provincia, aunque no vislumbraron esfuerzos en la gestión iniciada en diciembre de 2007 de cambiar demasiado la historia.

“El sistema carcelario -saturado en función de la alta tasa de prisionización y la ausencia de plazas suficientes- se encuentra hoy en las peores condiciones de hacinamiento de los últimos 15 años”, manifestó la Comisión por la Memoria en un informe y sostuvo que la política criminal durante todo ese tiempo “ha desencadenado el peor colapso del sistema penal”.

Para la entidad, se debe, entre otros ítems, a la “persecución de los eslabones más débiles de las cadenas delictivas, (jóvenes de barriadas populares) al uso indiscriminado de la prisión preventiva como pena anticipada, al incremento de los topes máximos de las penas, y al uso cada vez más extendido de las detenciones policiales sin orden ni control judicial”.

Juliano planteó la propuesta de conmutar penas ante la alta tasa de encarcelamiento que la Provincia se resiste a reconocer, y lo planteó como propuesta abierta, propuesta que le valió el cruce directo de Casal que ensayó una encendida defensa de la gestión de Daniel Scioli.

“Se trata de una propuesta que subvierte las decisiones de la justicia y va a contramano de lo que espera la sociedad. La conmutación de penas es de aplicación absolutamente excepcional y este gobierno jamás la utilizará del modo propuesto por este magistrado, que es equivalente a una amnistía general”, criticó.

No obstante, nunca reconoció la situación carcelaria de la que dan cuenta los organismos y que avaló hoy la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Mónica Macha, dirigente de Nuevo Encuentro. La legisladora consideró que existe en la actualidad “una alarmante violación a los Derechos Humanos”.

Más allá del controvertido alojamiento en comisarías –tildado de inconstitucional tanto por la CPM como el CELS– la situación del Sistema Penitenciario genera preocupación en distintos sectores, no en vano, fue el primer tema discutido en el flamante espacio de Derechos Humanos de la Legislatura.

Para Juliano, titular de la Asociación Pensamiento Penal, –que también apunta a la inconstitucionalidad del decreto de Emergencia en Seguridad Ciudadana– dictado por Scioli existe una “superpoblación” en las cárceles. Las versiones más optimistas indican entre un 25 y un 30%, pero, para las más realistas superan el 50% de superpoblación”, apuntó.

A esa situación se suma el anuncio de más penales contemplados en la Emergencia en Seguridad. Casal recordó que se encuentra en marcha la construcción de nuevas alcaidías y la ampliación de unidades penitenciarias “para absorber el incremento y atender las nuevas necesidades de infraestructura carcelaria”.

En virtud de los reiterados pedidos de modificar la política criminal bonaerense, surge el interrogante acerca del objetivo que se persigue con la apertura de más penales. La sola idea de que se trate de lugares para seguir colocando presos aleja la mirada de la debida promoción de derechos humanos y la necesaria “re socialización” de las personas que ingresen el sistema penal.

Detenciones en comisarías

La habilitación por parte del ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, de más de 200 calabozos en comisarías para alojar detenidos en el marco de la Emergencia en Seguridad dictada por el gobierno bonaerense, fue uno de los cuestionamientos centrales de la jornada bicameral sobre Derechos Humanos realizada en la Legislatura.

La decisión no sólo va en contra de tratados internacionales y de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallo Verbitsky) que exigió tiempo atrás a la Provincia “re orientar” su política carcelaria sino que, en virtud, de ese mandato, contradijo la clausura de esos calabozos determinada por el propio Casal en 2011 y 2012.

“Se han logrado los niveles más bajos de las últimas tres décadas en la cantidad de detenidos en comisarías; se ha dado cumplimiento a las obligaciones de fallos nacionales y recomendaciones internacionales; y se han creado dos nuevos modelos de detención que la propia ONU ha reconocido”, afirmó Casal este jueves en un comunicado, despegándose de la situación actual que contradice ese panorama.

En efecto, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de La Plata hizo lugar días atrás a tres habeas corpus para trasladar a todos los presos alojados en comisarías de la capital bonaerense ante la falta de “condiciones necesarias de un programa carcelario”. No obstante, la Provincia apeló esa medida, por lo que sigue vigente. “No hay menos de tres mil personas instaladas en comisarías en condiciones infrahumanas”, dijo ayer Juliano.