Sentencia histórica que establece la relación de la complicidad civil, con los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura.
Es la primer sentencia a nivel nacional que establece la relación de la responsabilidad de un sector civil, en este caso la empresa Ledesma, con los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura.
Blaquier está acusado como partícipe primario por el delito de privación ilegítima de la libertad en 29 casos, ocurridos durante el último gobierno militar.
En tanto que a Lemos se le imputaron los mismos delitos en calidad de partícipe secundario.
El juez además ordenó que se embargue al acusado Blaquier la suma de 11 millones de pesos. En tanto que similar medida le impuso a Lemos por un monto de 5 millones y medio.
En las resoluciones, el magistrado también mantuvo la libertad provisional de los acusados y les prohibió la salida del país.
Braga a cárcel común
Ayer se retomó la audiencia de debate y el TOF dio a conocer la nueva resolución, oralizando la misma, y por mayoría resolvió revocar la prisión domiciliaria al imputado Rafael Mariano Braga. De manera que el represor continuará alojado en la Unidad Penal Federal Nº 8.
Por segunda vez el TOF resolvió revocar la prisión domiciliaria, solicitada por la defensa de Braga, la que había acudido al Tribunal de Casación, y éste le pidió al Tribunal una nueva resolución sin dejar en suspenso la anterior.
Vale recordar que hasta el mes de agosto, Braga cumplía con prisión domiciliaria, hasta que el TOF se la quitó enviándolo a cárcel común por los incidentes en la sala de audiencia, insultando a una testigo víctima Adriana Aredez y faltando el respeto al Tribunal y a los asistentes.
El presidente del Tribunal, René Casas, informó también que “hemos avanzado en el estudio del pedido de nulidad de la ampliación de la requisitoria fiscal”, solicitado por la defensa de Antonio Orlando Vargas, exdirector del Servicio Penitenciario de Jujuy en los primeros meses de la dictadura militar.
Es decir el pedido de nulidad de la defensa del imputado, sobre el requerimiento fiscal, aún no fue resuelto.
También vale recordar que la Fiscalía y las querellas habían solicitado la ampliación de la requisitoria fiscal en las causas: Luis Aredez y Avelino Bazán en las que Vargas está imputado como “partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada”, solicitando que se amplíe a “tormentos” contra detenidos políticos.
Reconoció a Bulgheroni
En la audiencia 29, que se realizó ayer, fueron siete testimonios que escuchó el Tribunal Oral Federal.
Uno de ellos fue el de Aída Luz de Bejarano, asistente social quien reconoció al represor José Bulgheroni, quien le otorgó un permiso para la madre de Dante Robinson Torres, (detenido desaparecido), quien estaba detenido en el penal de Gorriti de Jujuy, y lo pudiera visitar.
La testigo dijo que ella fue sola al Regimiento 20, sede de la Jefatura del Area 323, porque la portera del Hospital Neurosiquiátrico, tía de Dante Robinson, se lo había pedido y en una segunda oportunidad que quiso hacerlo, Bulgheroni le dijo que “no se meta en esto y no preguntara nada”.
Relató que Rosa, la madre del detenido desaparecido “enloqueció”, un hermano “desertó del servicio militar y se fue a Bolivia” y el padre “murió de un infarto”.
La desaparición de Dante Robinson Torres forma parte del expediente Aragón, Reynaldo y otros, que son Patricio Vidal Lazarte y Narciso Santiesteban.
También declararon varios policías de la provincia que prestaban servicio en el Comando Radioeléctrico, Radioptrulla en el 76/77, algunos aportaron datos de contexto y otros sin memoria.
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