El fallo fue firmado por los jueces Víctor Menéndez y Hugo Díaz. La novedad la dio a conocer el defensor general Eduardo Aguirre, quien en otras instancias le habían rechazado el reclamo. "Es una decisión histórica sobre los derechos que tienen las personas privadas de la libertad", celebró en su cuenta de Facebook.

“En forma urgente deben arbitrarse las medidas tendientes a revertir la situación actual en los lugares de alojamiento de detenidos, como así también a reubicar a los sujetos que se encuentren privados de su libertad en las condiciones aludidas, a fin de asegurar el acatamiento de las pautas estatuidas en las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos”, falló el STJ.

También el organismo recomendó la conformación "de una mesa de diálogo"en la que intervengan los representantes de los tres poderes del Estado. "Se debe alcanzar una pronta solución a la situación en que se encuentran las comisarías y alcaidías en la provincia”, dijo el STJ.

“(Pese a que) no corresponde a esta esfera evaluar las políticas de la administración provincial en materia de obras públicas, tampoco es razonable admitir que ‘las carencias presupuestarias’, aunque dignas de tener en cuenta, pueden justificar transgresiones de este tipo”, sostuvo el máximo organismo judicial pampeano. “Privilegiarlas sería tanto como subvertir el Estado de Derecho y dejar de cumplir los principios de la Constitución y de los convenios internacionales”.

Aguirre había advertido, en el hábeas corpus, “la situación de colapso, violación de derechos humanos, tratos inhumanos, crueles y degradantes que se infieren contra las personas privadas de la libertad" en nuestra provincia.

“Como consecuencia del crecimiento sostenido de la población carcelaria existe un estado de superpoblación en algunos casos, y de hacinamiento en otros, la cual se agrava aceleradamente”, había dicho. En ese marco se había referido a una situación que tuvo lugar en la Seccional Segunda de la capital provincial, la cual contaba con 9 presos el 17 de febrero pasado, “incumpliendo los estándares mínimos que exigen normas nacionales e internacionales y asimismo la orden judicial de la jueza Florencia Mazza, quien rehabilitó la posibilidad de alojamiento de detenidos hasta un número de 4”.