El juez en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata, Luis Arias, indicó que el fallo de la Cámara Federal que suspendió el ajuste de las tarifas de gas obliga a la empresa a "retrotraer" la facturación a los valores anteriores y "devolver lo que haya percibido de más".

Señaló, además, que la empresa no puede "alterar las condiciones de servicio público, tiene que cumplirlo con regularidad y continuidad como todo servicio público ajustándose a la tarifa anterior, a las resoluciones que aprobaron estos aumentos".

Por otra parte, Arias destacó que hay "instrumentos internacionales" a los que suscribió la Argentina que dicen que los ajustes tienen que ser "a un costo razonable" y avaló el pronunciamiento de la Cámara Federal platense respecto a la necesidad de que se lleven adelante audiencias públicas antes de instrumentar incrementos en la tarifa de gas.

En diálogo con el canal de noticias C5N, el magistrado platense aclaró que "el servicio público existe porque se lo saca de la economía de mercado para proteger al usuario, no para perjudicarlo. Por eso se hace público para que no esté sometido a la economía de mercado".

Las audiencias públicas y el derecho a la información

Arias insistió en que se deben hacer audiencias públicas antes de ajustar las tarifas porque ello "tiene que ver con el derecho a la información de los usuarios".

El juez sostuvo que al servicio público no hay que "verlo solamente en términos de mercado, si los números cierran o no para las empresas, sino fundamentalmente de derechos".

Al respecto, precisó que "nosotros tenemos instrumentos internacionales que dicen que el derecho a la vivienda digna no es vivir en cuatro paredes y tener un techo arriba sino poder tener con que calentarse, una lamparita con que iluminarse".

También resaltó que es obligatoria la realización de las audiencias públicas previas a los ajustes porque "tiene que ver con el derecho a la informacion de los usuarios" y, por otra parte, está la cuestión "de la razonabilidad de las tarifas" que, dijo, "es uno de los requisitos legales".

El magistrado apuntó que de acuerdo a "instrumentos internacionales" que consignan que el costo de los servicios públicos debe ser "proporcionado" al salario.

"Estos instrumentos internacionales, los cuales Argentina suscribió, establecen que el costo de una vivienda, un alquiler, una hipoteca más los servicios públicos tienen que ser a un costo razonable porque hay que abastecer otros derechos", como el de alimentación.

Sobre el recurso extraordinario ante la Corte Suprema que prepara el Gobierno contra la suspensión del aumento de tarifas del gas, Arias apuntó que previamente "tiene que haber un dictamen de la Procuración", aunque aclaró que el pronunciamiento "no es obligatorio" y el tribunal "puede, de todos modos, admitir el recurso" y expedirse.