El debate fue abierto a las 14 por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, el bonaerense Juan Manuel Abal Medina, quien ponderó la sanción dada por Diputados al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

En ese aspecto, aseguró que el Presupuesto “refleja las prioridades que el Estado nacional llevará a cabo en el ejercicio fiscal” y recalcó que en los últimos 12 años “ha sido puesto al servicio de la ciudadanía, de los que menos tienen y de los trabajadores”.

En la misma sintonía, la legisladora oficialista formoseña María de la Rosa manifestó que “éste es un presupuesto de inclusión social y territorial” y que “expresa las políticas de inclusión de la Argentina”.

Por el contrario, los senadores de la oposición adelantaron que no apoyarán ninguna de las leyes económicas que impulsa el Poder Ejecutivo.

El radical catamarqueño Oscar Castillo dijo que todos los “presupuestos desde 2003 en adelante, se aprobaron a libro cerrado”.

“En la redistribución de partidas hecha por la Jefatura de Gabinete durante los últimos 10 años se gastaron dos billones de pesos o sea, casi dos presupuestos de este año sin ninguna autorización del Congreso”, agregó el legislador.

En tanto, el peronista disidente Carlos Verna -electo el domingo pasado gobernador de la provincia de La Pampa- anunció que votará en contra porque “este presupuesto no tiene nada que ver con la realidad”.

“Cuando manden un presupuesto como este, le pido al Ministerio de Economía que lo envíe al museo de arte”, dijo el gobernador electo.

Por su parte, el socialista Ruben Giustiniani juzgó que “este presupuesto sigue manifestando un sistema tributario regresivo” ya que el “74 por ciento de los ingresos vienen de impuestos directos, como el IVA y Ganancias, donde son los trabajadores con sus ingresos los que sostienen al fisco”.

El proyecto de Presupuesto 2016 diseñado por el Ejecutivo contempla un crecimiento de la economía del 3 por ciento, una inflación de 14,5 por ciento, un dólar promedio de 10,6 pesos y destinar el 60 por ciento de los recursos al gasto social.

Además, establece que los gastos corrientes de capital ascenderán a más de un billón, quinientos sesenta y nueve mil millones ($ 1.569.412.091.951) de pesos.

En tanto, los gastos totales consolidados del Sector Público Nacional sumarán una cifra proyectada de $1.705.076,6 millones en tanto que al descontar el gasto por intereses de la deuda pública, el gasto primario representa el 24,57% del PIB.

De esta forma el Gobierno estima que el año próximo los ingresos corrientes crecerán 21 por ciento, los tributarios lo harán en un 25,2 por ciento y los gastos corrientes aumentaran 16,7 por ciento, lo que dará un resultado primario en equilibrio con un superávit de 0,09 por ciento.

En cuanto a los recursos, el gobierno estima que la recaudación ascenderá a 1.420.072 millones de pesos que serán aportados por un conjunto de tributos, de los cuales los que más recaudan son el impuesto a las ganancias, IVA, comercio exterior impuestos al cheque, y a las naftas y si a ese monto se suman las contribuciones a la seguridad social, el monto global de los ingresos ascienden a 1.941.420 millones de pesos.

Por el Impuesto a las Ganancias se estima que se recaudarán $482.325,3 millones, por el IVA $524.602,2 millones, por Bienes Personales $22.627,9 millones, por el tributo a los combustibles y gas natural 76.705 millones de pesos y por derechos de Importación y Exportación y Tasa de Estadística $131.317,8 millones.

En tanto por el impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias, se sumarán a la recaudación $120.182 millones, por el monotributo 6.987,8 millones de pesos, por bienes personales 22.627 millones de pesos, por impuestos internos 40.479 millones de pesos, y por contribuciones a la seguridad social 521.348,3 millones de pesos.

También buscarán aprobar la prórroga por dos años más de la Ley de Emergencia Económica en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria sancionada originalmente en enero de 2002.