Obras en los polideportivos: un fallo condena a la Municipalidad a pagar 20 millones de pesos

Obras en los polideportivos: un fallo condena a la Municipalidad a pagar 20 millones de pesos

La Justicia falló a favor de una empresa que tenía a su cargo la construcción de los polideportivos locales a la que no se le abonaron certificados por obras concretadas. La suma a abonar asciende a los $20.431.100,37 haciéndose hincapié en una serie de irregularidades registradas durante la gestión del ex intendente Carlos Arroyo.

Parte de la herencia. La Municipalidad deberá pagarle más de 20 millones de pesos a la firma Centro de Construcciones SA por trabajos realizados en la construcción de los natatorios, centro deportivos y culturales ubicados en los barrios Colinas de Peralta Ramos, Libertad, Centenario y Parque Camet, según lo resuelto por el juez en lo Contencioso Administrativo Simón Francisco Issach.

En las últimas horas fueron notificadas las autoridades municipales, las cuales analizando el expediente podrán confirmar que se trata de una deuda contraída durante la gestión del ex intendente Gustavo Pulti, y reconocida por su sucesor, Carlos Arroyo, estableciéndose que desde el Ejecutivo prácticamente nada se hizo en los últimos cuatro años en relación a esta demanda.

“La Municipalidad, durante la gestión de Arroyo -confirmó una fuente del actual Ejecutivo- se limitó a responder la demanda en una foja. Todo lo que hicieron fue negar los hechos. Realmente fue una vergüenza. No se planteó ninguna excepción, y lo remarca el mismo juez en la sentencia, sin ofrecerse ninguna prueba relacionada con las prestaciones reclamadas”.

Diego Alberto Buracco, en su carácter de presidente de la firma Centro de Construcciones SA, promovió oportunamente la demanda contra la comuna, recordando que el 24 de julio de 2015 entregó la obra del barrio Libertad y el 8 de septiembre del mismo año la del barrio Colinas de Peralta Ramos.

Cuando se produjo el cambio de gobierno, en diciembre de 2015, Buracco tenía en su poder cheques entregados en parte de pago de los trabajos realizados por la suma total de $10.835.593,34. El empresario explicó en su demanda judicial que se contactaron con él funcionarios del municipio (gestión Pulti), quienes argumentando la falta de fondos necesarios para cubrir los cheques entregados, solicitaron la devolución de los mismos y la refinanciación de la deuda.

La empresa -reveló la fuente conocedora de cada detalle de este fallo que no se había hecho público y al que accedió LA CAPITAL– aceptó esta petición, y en ese contexto suscribió con la Municipalidad un convenio de pago que fue aprobado por el Concejo Deliberante mediante ordenanza 22543, sancionada el 4 de diciembre de 2015 (final del gobierno de Pulti) y promulgada por el entonces intendente municipal Carlos Arroyo, por intermedio del decreto 3596 del 21 de diciembre de 2015.

Impericia y desinterés

Un poco de historia para constatar la negligencia de las autoridades de la gestión anterior. En dicho acuerdo, la comuna reconoció que a esa fecha se le adeudaba a Centro de Construcciones SA la suma de $20.431.100,37 (certificados pendientes) en concepto de contraprestación por las tareas realizadas en las cuatro obras a su cargo, comprometiéndose el municipio a abonar dicha suma en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con vencimiento al 20 de enero, 20 de febrero y 20 de marzo de 2016.

Dichas sumas no se abonaron, ni tampoco se pagaron las que se fueron generando posteriormente por el avance de las obras en ejecución, lo que provocó la paralización de las mismas. Lo sorprendente, y se puede leer en el mismo fallo del juez, es que el apoderado de la Municipalidad efectuó una negativa general de los hechos invocados en la demanda, desconociendo la autenticidad de la documentación acompañada por el demandante, al tiempo que negó que la administración central hubiera suscripto cuatro contratos para las construcciones, que hubiera incumplido las obligaciones contenidas en los mismos y que se adeudara la suma reclamada.

Y en lo que evidencia lo que fue la nula o pésima defensa de los intereses de marplatenses y batanenses, los apoderados de la comuna manifestaron el desinterés de su parte en la producción de la prueba pericial contable ofrecida por la empresa demandante.

Así se llegó a esta resolución del juez Simón Francisco Issach, quien incluso resalta que la posición adoptada por la Municipalidad (gestión Arroyo) “al negar la existencia de la deuda que fue reconocida -por ella misma, valga la redundancia- administrativamente implica una violación de la teoría de los actos propios, según la cual no es admisible que una de las partes de un juicio se coloque en contradicción con sus propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces”.

“No cuidaron el patrimonio”

Así, el juez tuvo elementos suficientes para desestimar el planteo de la comuna mediante el cual manifiesta que la deuda le resulta ajena. No obstante, el reconocimiento de deuda requiere un procedimiento especial que no ha sido cumplido. Cabe preguntarse entonces quiénes fueron los responsables de tales negligencias durante la gestión del ex intendente Carlos Arroyo. ¿Por qué gracias a la incapacidad o impericia de funcionarios de Legal y Técnica, Secretaría de Gobierno, asesores letrados, etc, que cobraron elevadísimos sueldos durante los cuatro años del gobierno anterior, hoy marplatenses y batanenses deben hacerse cargo de esta situación?”.

“También cabe preguntarse si no es un delito que Arroyo haya dejado abandonados los polideportivos del Centenario y de Camet. No cuidaron el patrimonio de los marplatenses. ¿Cuánto valen hoy los polideportivos que están funcionando? Evidentemente no les importaba nada. Demasiado odio y política barata sin pensar en grande”, señalaba uno de los responsables del Ente Municipal de Deportes.

Toda una muestra de lo que fue la pésima gestión del doctor Carlos Arroyo y el “mejor gabinete de la historia”, como se ufanaba antes de recibir el cachetazo del electorado en su intento reeleccionista.

“Es gravísimo lo que pasó. Pero además la sacamos barata“, admitió un funcionario de la gestión de Montenegro. Es que en la demanda, además del pago, se reclamaban las sumas que se fueron generando por las obras en marcha efectuándose reserva para reclamar el cumplimiento de los contratos suscriptos, más el pago de las sumas que corresponden a certificaciones pendientes, así como readecuación de precios por obras faltantes, mayores costos y gastos ocasionados, se detalló.

“Ninguno de esos extremos fueron reconocidos en la sentencia, y no porque se haya articulado una defensa sobre estos puntos, sino porque el juez consideró que no estaban probados”, admitió el informante. Dicho en otras palabras, con el reclamo administrativo que no prosperó, la empresa pretendía que se le abonaran 75 millones de pesos, lejos de los 20 que fijó el magistrado que de alguna manera “cuidó” más los fondos de la comuna que los propios funcionarios de la misma.

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