Desde el año pasado existe en la Provincia de Buenos Aires una ley que obliga a los organismos del estado y a los municipios a tener el 1% de sus puestos laborales ocupados por personas de la comunidad trans. Algunas comunas como Morón o Tres de Febrero, de Cambiemos, ya adhirieron a la ley y están llenando los cupos. Pero en otros distritos aún no se cumple.

La concejal de Cambiemos de San Martín, Natalia Quiñoa, visitó LaNoticiaWeb para explicar un proyecto presentado en el Concejo Deliberante que buscar alentar al Municipio para que cumpla con la norma.

¿Cómo está este proyecto en San Martín?

El año pasado, en octubre, ingresó un proyecto presentado por el concejal del Movimiento Evita Julián Ríos, para adherir a la ley 14.783, reglamentada en 2016 por la gobernadora. Yo acompaño ese proyecto y pedimos que San Martín adhiera a esa ley.

La idea es tener un cupo de personas trans en el estado.

La ley estipula un piso del 1% de la planta municipal.

En San Martín hay cerca de 4 mil empleados municipales, y significarían más de 40 puestos de trabajo.

Y no se cumple en la actualidad. No tenemos el número exacto, es pequeño, pero no se hizo público. Este proyecto está en el Ejecutivo, y esperamos que vuelva al Concejo Deliberante. El año recién empezó, pero la idea es tratarlo rápidamente. Este sábado 18 de marzo es el Día de Lucha de las Personas Trans. Desde nuestro lugar para legislar es importante para nosotros brindar este derecho a la comunidad.

Esto fue aprobado por concejales de Cambiemos y del Peronismo.

Sí, para que lo estudie el Ejecutivo. Queremos que se ponga celeridad y vuelva el informe para aprobarlo rápidamente.

Es importante que esto exista. Ya hay un cupo para personas con capacidades diferentes.

Hay que ayudar a que todos tengan derechos. Hay derecho a trabajar. La sociedad no está preparada porque no existe oferta laboral para las personas trans. Queremos avanzar para incluir a todos. Tienen expectativa de vida de 35 a 45 años, porque la comunidad trans tiene mucha precariedad laboral. El estado debe dar el puntapié inicial y brindar la inclusión.