La noticia que ayer llegó desde La Plata no sorprendió a nadie en el Ejecutivo municipal ni en los empresarios del sector. Tras el adelanto del jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el gobierno bonaerense confirmó el rechazó al pedido para reactivar la gastronomía. Se consideró que el distrito no cumple con los requisitos previstos para aquellos municipios en Fase 5, es decir, registrar 21 días consecutivos sin nuevos casos de coronavirus.

“Considerando que las actividades solicitadas no se encuentran habilitadas en la Fase 4, se informa que no podrá procederse al dictado del acto administrativo que las autorice”, señalaron desde gobernación. Instantes antes el intendente Montenegro había firmado junto al resto de los intendentes de la Quinta y la Sexta sección un convenio por el cual General Pueyrredón recibirá unos $100 de asistencia financiera en conceptos no reintegrables.

La confirmación de Casa de Gobierno llega el mismo día en que Mar del Plata pasó a tener el mejor cuadro epidemiológico en los últimos 40 días, cuando el 9 de mayo registraba solo un caso positivo que al día siguiente saltó a cinco. Ayer, con el alta clínica dada a un policía, el distrito pasó a tener solo dos caso positivos, ninguno de los cuales presenta un cuadro complicado. Además, pasó a acumular seis días sin casos positivos, aún muy lejos de los restantes 15 para llegar a la meta de los 21 días.

En este marco, desde el Palacio Municipal confirmaron a La Tecla que seguirán indagando en salidas para avanzar con la habilitación de la gastronomía antes de pasar a Fase 5. Es que en el gobierno estiman prácticamente imposible llegar a la meta de 21 días o incluso sostenerse sin casos, considerando que en ocasión de obtener el pase de Fase se volvería inmediatamente atrás si se presenta un nuevo caso. Incluso aún no se oficializó una aclaración desde La Plata sobe el criterio a adoptar con los casos importados.

La balanza política es la que empieza a sopesar al momento de analizar si poner el pie en el acelerador o no. Cualquier avance significaría confrontar con la Provincia, quien ya dejó en claro las pautas que deberán cumplir los distritos para obtener, entre otras, las habilitaciones para que funcione la gastronomía o deportes individuales. La dependencia económica que hoy tiene General Pueyrredon de Provincia es un elemento no menor en el análisis. En esa línea, una de las variantes son las gestiones directas con Presidencia de la Nación, donde Montenegro podría aprovechar el buen diálogo que mantiene con Alberto Fernández.

Otra de las posibilidades latentes es un avance desde el Concejo Deliberante, lo que le daría mayor vigor institucional a una medida. La semana próxima podría aprobarse en sesión una ordenanza que crea una Comisión Especial, compuesta por el Ejecutivo y el HCD, para analizar autorizaciones precarias que tendrían vigencia en tanto sean analizadas por el gobierno provincial. Se aguarda un informe de Legal y Técnica, reclamado por el Frente de Todos, donde se de garantías de la legalidad de ese tipo de permisos.

Quienes tocan el tema de cerca postulan dos posiciones. Por un lado, la ordenanza colisionaría directamente contra el decreto de Kicillof que estableció el proceso de fases. Allí no habría duda alguna. Pero por otro lado, se sostiene que la Emergencia Sanitaria no delega en la Provincia la competencia para entender en habilitaciones comerciales. Eso supondría poner en cuestionamiento la legalidad de la medida provincial, lo que supondría un mayor ruido político. Esa perspectiva incluso ya fue ensayada por concejales del oficialismo en debates en el Concejo Deliberante. En otro plano, este último elemento podría volverse en un bumerang para el Estado municipal: le daría argumentos legales a aquellos particulares que reclaman la vigencia de garantías constitucionales suspendidas de hecho con las condiciones de aislamiento aún vigentes.

Todo ese escenario está siendo analizado por estas horas en el oficialismo. En el mientras tanto, se profundizan las advertencias sobre el impacto económico de parte del sector gastronómico. Una actividad de la que dependen una 30 mil familias marplatenses.