El pedido de informe –solicitado por los legisladores el año pasado- ingresó este martes a la Legislatura. Está firmado por el ministro coordinador Ariel Rauschenberger.

El funcionario dijo que el Gobierno ha hecho todos “los esfuerzos” para terminar los trabajos y expresó que pretenden que siga Inarco, pese a la negativa de los diputados. “En virtud de todos los hechos acontecidos y ante la negativa del Poder Legislativo de evaluar alguna alternativa para la finalización de la obra, no queda otro camino que llevar adelante de forma inmediata los trámites administrativos pertinentes para disponer que la empresa contratista continúe con los trabajos necesarios para la finalización de la obra”, manifestó.

"Atento a la complejidad de la obra, con caracteristicas sin antecedentes en el mundo, desde el Poder Ejecutivo se realizaron todos los esfuerzos necesarios para llevar adelante una obra que además, fue licitada sin proyecto, contrariando lo dispuesto en el artículo 11 de la ley general de Obras Públicas de la Pampa N° 38, hecho que generó que el primer montaje de la estructura colapsara”, dijo el ministro. "Luego de esta circunstancia la empresa contrató al especialista ingeniero Ameijeras para que éste realizara el proyecto de una nueva estructura, cuyo tonelaje pasó de 90 toneladas, previstas en el pliego, a una del orden de las 900 toneladas, la cual fue aprobada por Ley Provincial 2516 y ejecutada”.

“Posteriormente el ingeniero Ameijeras planteó la necesidad de un montaje especial de esta estructura, propuesta que fue rechazada por esa Cámara”, manifestó. “Desde el Poder Ejecutivo se evaluaron diferentes posibilidades y alternativas, como asimismo se propuso reiteradamente la formación de comisiones tanto con ese Poder como con los órganos de control”. Es así, agregó, que se llegó a la determinación citada precedentemente donde se expresa la resolución de disponer que la empresa contratista continúe con los trabajos necesarios para la finalización de la obra.

El megaestadio se empezó a construir en 2006, durante el Gobierno de Carlos Verna (PJ). Debía terminarse en un año, pero aún hoy está inconcluso. Por errores de cálculos, en 2007, no se pudo colocar el techo.

La empresa Inarco, inicialmente, reconoció que se equivocó en los cálculos para hacer el techo y debió desmontarlo. En el medio, logró una ampliación del plazo para colocar uno nuevo.

El nuevo techo debería estar formado por capas de chapa, poliuretano y chapa nuevamente. En diciembre de 2010 se venció el nuevo plazo que, incluso, le autorizó la Legislatura, pero el techo no fue colocado.

Un año y medio después, a mediados de 2012, el Gobierno anunció cambios. Pero esas modificaciones no fueron aprobadas por los legisladores: directamente reclamaron que rescindieran el contrato con Inarco.

El fiscal de Investigaciones Administrativas acusó el año pasado a Jorge Varela, a cargo del Ministerio de Obras Públicas, de incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público porque no solicitó la rescisión del contrato, pese a que se le venció el plazo para terminar los trabajos. A punto de afrontar un juicio político, renunció. Su lugar ahora es ocupado por Rauschenberger.