Con el apoyo de las fuerzas militares apostadas en el archipiélago, el gobierno de las Islas Malvinas anunció la intención de construir unas 70 viviendas en Puerto Argentino y la base aérea de Monte Apacible para atender la futura demanda que pueda provocar la llegada de trabajadores dedicados a tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en aguas que la Argentina reclama al Reino Unido en el marco de la disputa de soberanía vigente sobre estos territorios del Atlántico sur.

 

 

Mediante un comunicado oficial, la administración probritánica, no reconocida por el Gobierno nacional, blanqueó su intención de atraer "inversiones y desarrolladores inmobiliarios" para concretar un proyecto que se espera terminar en 2022. Unas 40 propiedades se construirían en la ciudad cabecera, donde viven aproximadamente 1000 personas, en tanto otros 30 inmuebles incrementarían el área urbana de la base militar que el Reino Unido mantiene con personal estable durante todo el año, con cerca de 1200 uniformados y 800 civiles.

 

 

El director de Obras Públicas de las Malvinas, Colin Summers, declaró a la prensa que la proyección de "una economía en expansión" y "la perspectiva de nuevos desarrollos en hidrocarburos" motiva "un rápido crecimiento en el mercado de la vivienda" y esta convocatoria de empresas.

 

 

El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo seguir con atención los pormenores de un proyecto que implica incrementar una población que reclama su "derecho de autodeterminación" ante la comunidad internacional, mientras la Argentina rechaza el planteo por considerar que se trata de una población trasplantada desde 1833 a la fecha y que vive bajo un régimen de tipo colonial. Sin embargo, las autoridades diplomáticas no planean por el momento elevar quejas a Londres.

 

 

Desde que la Argentina y el Reino Unido suscribieron en septiembre de 2016 una "hoja de ruta" para relanzar la relación bilateral, ambos gobiernos han trabajado por "remover  todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos", lo que valió la crítica de la oposición y hasta amenazas de juicio político. En paralelo, la Justicia federal investiga a empresas petroleras que intentaron años atrás iniciar tareas de exploración en aguas bajo disputa.