El macrismo privatizó el control de la recolección de basura

El macrismo privatizó el control de la recolección de basura

La comuna contrató a siete empresas para auditar el servicio de higiene porteña. Pagará 108 millones de pesos, a pesar de que hay un organismo encargado de realizar esa tarea.

En vísperas de un año electoral crucial para la continuidad del PRO al frente del gobierno porteño, el alcalde Mauricio Macri decidió afrontar, a cualquier costo, las incómodas controversias que mantiene con las empresas que, desde el año pasado,  se alzaron con el nuevo contrato de recolección de la basura, fijado inicialmente y sin intervención de la Legislatura en 29.650 millones de pesos por una década, más redeterminaciones. A ese gasto, la comuna sumará otros 433 millones de pesos para contratar a otras siete empresas que tendrán la función de "auditar" por cuatro años la calidad de un servicio que, según los artículos 138 y 139 de la Constitución porteña, debe ser realizado por el Ente Unico Regulador de Servicios Públicos, conducido actualmente por la abogada Paola Michielotto, designada el año pasado por la Legislatura a propuesta del macrismo, y que responde al espacio identificado con el vicepresidente del cuerpo Cristian Ritondo.

Según sondeos oficiales y de opositores al macrismo, la percepción de los porteños es muy crítica con respecto a la falta de higiene en la Ciudad. Ante semejante escenario, que podría tener consecuencias corrosivas en un año de campaña permanente, el alcalde concretó ayer la privatización final del control de la recolección de basura con el decreto 27, donde definió a los 7 ganadores de la Licitación Pública de Etapa Única N° 1324/SIGAF/2014, organizada para contratar el "Servicio de Auditoría y Control Integral de la Calidad del Servicio Público de Higiene Urbana en la Ciudad de Buenos Aires".

Desde que el ex legislador Diego Santilli dejó el ministerio de Ambiente y Espacio Público para postularse como senador nacional del PRO, el cargo quedó en manos de Edgardo Cenzón, un virtual auditor que responde al alcalde y que, entre sus primeras funciones, estuvo a cargo del control de las cuentas de la Policía Metropolitana luego de que el ex comisario de la Policía Federal Jorge "Fino" Palacios dejara la jefatura de la fuerza porteña. Sin embargo, a pesar de esas tácitas potestades de control, Cenzón no contrató a las empresas que auditarán el contrato millonario, sino que se trató de una decisión administrativa del propio precandidato presidencial.

Este diario intentó conocer las respuestas del alcalde respecto a esta licitación, pero sus voceros derivaron la consulta a Cenzón, cuyo equipo de prensa no respondió las consultas sobre la operación.

Al igual que la Auditoría General de la Ciudad, el Ente Regulador de Servicios Públicos es un organismo autárquico colegiado, cuyos miembros son designados con acuerdo de la Legislatura. En las funciones que le confiere la Constitución Porteña, el ente controla 13 servicios públicos dentro de la ciudad y para este año contará con un presupuesto de 183.868.215 millones de pesos, según explicaron fuentes cercanas al vocal Fernando Adrián Barrera, uno de los cinco miembros del directorio, además de su presidenta. Barrera fue designado a propuesta del PJ y junto con su colega, el legislador Julio Raffo, de Proyecto Sur, presentaron una acción adminisrativa cuando se ventiló el llamado a licitación. "El ejecutivo nunca contestó los requerimientos de los vocales del ente y es muy posible que hagamos una denuncia ante la Justicia, en vista de la superposición de medidas y el excesivo gasto de la licitación", explicaron fuentes vinculadas a ambos funcionarios.

La comparación de costos dispara los primeros interrogantes sobre esta licitación que transitará entre el último año de la gestión de Macri y los primeros tres años del alcalde siguiente. Mientras el Ente dedicará 183 millones para controlar 13 servicios públicos, la licitación que firmó Macri destina 433 millones de pesos para cuatro años, es decir, un gasto anual de 108 millones cada 365 días para controlar a un solo servicio público y, sin dudas, el más costoso y polémico.

Según pudo saber este diario, "cada una de las siete empresas se postuló para quedarse con dos zonas, pero finalmente, cada una se quedó con una de las siete zonas de recolección", confió una fuente allegada al expediente de la licitación, ante la maniobra que reparte un negocio de cien millones al año entre un puñado de estudios de ingeniería civil que, en algunos casos, ya son contratistas del estado porteño.

El reparto le deja la zona 1 a la empresa Ingenieria y Asistencia Tecnica Argentina Sociedad Anonima (IATASA), que recibirá 63,2 millones  por cuatro años para controlar el servicio que brinda la empresa AESA en el centro, la city y el barrio de retiro. La zona 2 queda en manos de TEL 3 SA, que recibirá 71 millones para auditar la recolección en la zona norte porteña, a cargo de la empresa CLIBA SA, del holding Roggio.

La tercera zona (noreste), con el servicio a cargo de la mendocina Pescarmona, será observada por Wia Consulting SRL a un precio de 80.734.891,20. La basura de la zona 4, en Villa Lugano, es recolectada por Ecohabitat y será controlada por la italiana Cooprogetti Societa Cooperativa a un valor de 50,4 millones. La quinta zona, en Soldati, es de recolección estatal: está a cargo del Ente de Higiene Urbana, pero será examinada por la empresa Hytsa Estudios y Proyectos S.A. a un valor de 40 millones. La zona 6, que incluye Caballito, Almagro y la zona central, está en manos de la empresa recolectora ASHIRA; el control quedó en la esfera de SMS AUDIT SRL por 66,9 millones.

Finalmente la zona 7, que incluye Barracas, Parque Patricios y Boedo, tiene una recolección adjudicada a la empresa URBASER, pero será auditada por Latinoconsult SA por $60,6 millones. Se trata del mismo estudio que proyectó el túnel que construye la contratista Cartellone para el Metrobus de 9 de Julio, debajo del rulo de autopistas de la Avenida San Juan. «

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