“Es parte de nuestra lucha contra las mafias que están dentro y fuera del Es-tado. El Gobierno es muy grande, tiene 600 mil personas que trabajan en él. La mayoría, honesta y comprometida con su trabajo, que gana menos de lo que se merece, pero todavía convivimos con nichos de corrupción y tenemos que contar con políticas claras".

Las palabras pertenecen a la gobernadora María Eugenia Vidal, y fueron pronunciadas el pasado 25 de abril, hace po-co más de ocho meses, en el marco del lanzamiento de la Oficina de Fortalecimiento Institucional, organismo a cargo de Luis Ferella y dependiente del ministerio de Justicia.

"Creamos esta oficina que tiene dos objetivos. Por un lado, la prevención de la corrupción, recorriendo cada oficina del Estado y viendo cómo se hacen las cosas, para prevenir eventuales hechos; y por el otro, el control, la detección y la denuncia de irregularidades en organismos como la asesoría general y la fiscalía general”, completaba la mandataria.

El tiempo pasó, y la Oficina avanzó más rápido de lo esperado, sobre todo en lo concerniente a las denuncias, pues el propio Ferella, en diálogo con La Tecla, decía que iba a pasar tiempo para que se vieran los primeros resultados, y que, en principio, el objetivo era posicionarse, hacerse conocidos en las diferentes dependencias gubernamentales.

"Habilitamos un canal donde presentar denuncias, anónimamente o de manera identificada, por hechos de corrupción o contrarios a la ética pública, cometidos por funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo de la Provincia. Las denuncias pueden ser realizadas online o personalmente, por ciudadanos, personas jurídicas u otros organismos del Estado", explica Ferella.

En tanto, Leandro Adaro, director provincial de Control de la Corrupción, agrega que, "una vez recibidas las denuncias, se procede a realizar un análisis del objeto de aquellas que cumplan los criterios de admisibilidad y una investigación preliminar de los hechos denunciados antes de derivar los casos a la Fiscalía o al órgano jerárquico superior del funcionario denunciado, para que el organismo que correspondiere, en cada caso, investigue los hechos”.

“Tenemos dos direcciones en este departamento. Una que es de Admisión y análisis, que es la que se encarga de hacer toda la investigación preliminar para luego ser derivada al órgano administrativo, que llevará adelante la medida disciplinaria, y a la Justicia penal, mediante Fiscalía de Estado”, explica el funcionario.

Y completa: “La otra dirección es la de Seguimiento y Estadística, que es donde empieza el engranaje de lo que es el Fortalecimiento Institucional. Con eso, generamos un mapa de transparencia y vemos dónde están los focos y los problemas. Sabemos dónde hay que ir y dónde trabajar con más énfasis. Ese mapeo se da a partir de las denuncias que se van recibiendo y las que están en la Justicia desde los años 2015 y 2016, y que oportunamente nos fueron in-formadas por parte de IOMA, Arba, Fiscalía de Estado”.

A modo de balance, se puede indicar que, desde el 25 de abril, se contabiliza un total de 264 carpetas abiertas, las cuales contienen 159 denuncias recibidas a través de los diversos canales, y otras 95 causas que se están siguiendo en la Justicia. ¿Cómo llegaron las primeras? El 75 por ciento, vía web; el 14, personalmente; y el 11 por ciento restante, por otros organismos.

Párrafo aparte se merece la denuncia anónima, que si bien es una de las posibilidades, desde el propio organismo se intenta no fomentarla, pues es la modalidad por la que entra más denuncia basura. Por supuesto, también tiene su lado positivo. “Hay muchas denuncias que salen de adentro del organismo denunciado. Es grande el riesgo que corre el denunciante. Por eso, prefiere la presentación anónima. Te garantiza que cualquiera puede denunciar y que lo puede hacer contra el de arriba o el de abajo. Nos ha servido”, sostiene Ferella.

“Hay un abanico importante de denuncias contra jefes, directores, pero lo cierto es que la mayoría está en la etapa de verosimilitud. Estamos tratando de verificar los extremos legales. Cuando llega la denuncia, no es que automáticamente salimos a hacer la presentación judicial. Existe un paso previo. No po-demos tomar denuncias que tienen que ver con diferencias políticas o con una enemistad laboral”, resalta el uno de la OFI.

 

Los casos más resonantes

Como se mencionó antes, son varios los casos de corrupción que avanzaron en la Justicia a partir de la intervención de la OFI, destacándose el que tiene como protagonista a Gabriel Maidana, quien fuera administrador del Hipódromo de La Plata entre los años 2012 y 2015. El exfuncionario es investigado por una supuesta maniobra de comercialización irregular de los derechos de televisación de las carreras hípicas.

La presentación hecha ante la UFI 1 platense demuestra que los mencionados derechos fueron otorgados al Club Hípico Concepción de Chile, y que Maidana se encargaba de viajar en persona a cobrar el dinero, unos 120 mil dólares aproximadamente, que al parecer no habría rendido al circo hípico.

Por otra parte, tras una denuncia efectuada por una propietaria, la Oficina realizó una investigación y determinó que un empleado del Registro de la Propiedad participó en la venta fraudulenta de un lote en Santa Teresita. Ahora, la Fiscalía de Estado y la Justicia investigan si esta maniobra forma parte de un fraude mayor, que involucra, además, a una escribana con matrícula de San Fernando, que falsificó la firma de una persona fallecida en el año 2014 para posibilitar la escrituración.

La OFI verificó que el funcionario es el jefe del Departamento, Registración y Publicidad, Area 13 de esa localidad, a quien se le inició una causa por falsificación de documentos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que no cumplió los pasos de registración, e incluso aceleró trámites que no eran exprés.

Además, a partir de una denuncia recibida por la OFI, y luego trasladada a la Fiscalía de Delitos Especiales del Departamento Judicial de Azul, se inició una investigación judicial contra el in-tendente de Laprida, Alfredo Fisher (FpV), por posible enriquecimiento, la cual derivó en una causa penal caratulada como “Posible Delito de Acción Pública”. El origen tiene que ver con las Declaraciones Juradas presentadas por el Jefe comunal y sus funcionarios, que presentarían serias inconsistencias.

Por supuesto, estos tres casos no son los únicos. También se han realizado denuncias contra Comisarios de la Bonaerense, las cuales fueron derivadas a Asuntos Internos, y hasta contra la mismísima Gobernadora. “Todo lo que llega se analiza, sea contra quien sea”, afirma Ferella, y se muestra orgulloso de su equipo y de la tarea realizada hasta el momento. Dicen tener todo el respaldo de “arriba”.