Después de que el juez Pablo Oritja hiciera lugar a una cautelar pedida por el Ministerio Público para suspender las actividades en Veladero por el incidente del 8 de septiembre, los fiscales del caso solicitaron ayer que se reabra el emprendimiento por entender que la empresa Barrick cumplió con las medidas de seguridad exigidas. La palabra la tiene ahora el juez de Paz de Iglesia, Hugo Marcos Quiroga, quien quedó a cargo de la causa porque tanto Oritja como la jueza de Paz de Jáchal, Silvia Rodríguez, están de licencia. Según fuentes judiciales, el magistrado quiere tomar la decisión esta misma semana y desde ayer ya se encuentra estudiando el expediente.

El pedido lo hicieron el fiscal Jáchal, Sohar Aballay, y sus pares Fabrizio Médici y Daniel Guillén, designados por Fiscalía General de la Corte para colaborar con el primero. Basan su planteo en que Barrick, a cargo del proyecto, con la respectiva certificación del Ministerio de Minería de la provincia, ejecutó la totalidad de las tareas exigidas en el valle de lixiviación, donde tuvo lugar el incidente, incluida la presentación de un plan general de trabajo con medidas de seguridad solicitado por Oritja. El magistrado jachallero había pedido la confección de ese programa y no su ejecución, con lo cual los fiscales interpretan que la minera ha cumplido y que ya está en condiciones de volver a trabajar.

Dentro de las obras a ejecutar estaban el levantamiento de bermas, reacondicionamiento de las cañerías, protección antiderrames para el sistema existente, estudio y verificación del muro de contención; mientras que el plan integral incluye la colocación de cámaras de monitoreo, supervisión de los cursos de agua y el incremento de los puntos de monitoreo de aguas subterráneas, entre las principales. Para los fiscales, los puntos del programa que todavía no se han ejecutado, como la instalación de las cámaras, deberán ser controlados por Minería.

El freno a la actividad en la mina fue decidido primero por el gobernador Sergio Uñac como consecuencia del desprendimiento de un bloque de hielo en el valle de lixiviación, que impactó y produjo el desacople en una cañería que transportaba solución cianurada. No hubo derrames que llegaran a los ríos de la zona, pero sí movimientos de rocas que traspasaron las bermas o taludes de contención. Después y tras una serie de denuncias, el juez Oritja hizo lugar a un planteo de los fiscales y ordenó la suspensión de la operación en la mina. No conforme con eso, realizó una inspección ocular en Veladero, para supervisar las tareas realizadas.

Ahora, el mismo equipo de fiscales pidió que se levante la cautelar, pero Oritja se encuentra de licencia y quien lo debía reemplazar, Rodríguez, está con un permiso por enfermedad. Por eso, como subrogante, actúa Quiroga. “Va a resolver esta semana”, aseguró un hombre cercano al juez iglesiano.

Para proteger al fiscal y la secretaria del Juzgado de Jáchal, sus familias y sus bienes de los asambleístas jachalleros que quieren el cierre definitivo de Veladero, la Fiscalía General de la Corte pidió la intervención del Ministerio de Gobierno.