Interna en AFIP comienza a salpicar a un sector del gobierno

Días después del recambio de gobierno, los abogados de la AFIP hicieron circular dentro del organismo el contenido de un alegato: unas 500 páginas con una descripción minuciosa de los hechos y pedidos de penas para todos los acusados por la “ruta del dinero K”. Ninguno de sus jefes objetó nada. Y si lo hicieron, no dejaron constancia escrita.

El juicio se reanudó el miércoles 5, a sala llena. Todos los imputados estaban obligados a ir por el comienzo de los alegatos. La exposición de la AFIP quedó en manos de Luis González Ávalos. Con solvencia y buena oratoria, el abogado rápidamente sorprendió a todos los presentes cuando vinculó a Báez con los Kirchner. “La designación de Báez no fue azarosa, no fue fruto del Espíritu Santo. Todos sabemos que la designación tuvo que ver con aquella relación de amistad que tenía con quien fuera el entonces presidente, Néstor Kirchner”, dijo.

Días atrás se filtraron nuevos audios que datan de octubre del año pasado. La voz que se escucha es la de la funcionaria de AFIP macrista, Jimena de la Torre, quien menciona actas de directorio antedatadas para hacer figurar en el blanqueo operaciones posteriores.

LA FIGURA DE CUCCIOLI

Leonardo Cuccioli es el sucesor de Alberto Abad, quien se alejó de la AFIP cuando lo denunciaron por proteger a parientes, testaferros, socios y amigos presidenciales que se acogieron al blanqueo de capitales.

La designación de Cuccioli no se fundamentó en su idoneidad, pues no tenía experiencia para ocupar el cargo. Se trataba de “un jugador en equipo”, es decir un “buen compañero”. Su experiencia previa comenzó en Londres, como asesor de empresas en negocios de gas, electricidad y correos y siguió en British Petroleum, a cargo de energía eólica, es decir, algunos de los negocios de la otrora familia presidencial. Cuccioli tiene todos sus activos fuera del país.

En octubre de 2018, el histórico director de la DGI, Horacio Castagnola, presentó una denuncia penal contra el primo Ángelo Calcaterra. De inmediato, Cuccioli le pidió la renuncia. Poco después, Cuccioli y su segunda, Jimena de la Torre, fueron fotografiados cuando salían de almorzar con el juez federal Julián Ercolini, el más sensible a los requerimientos oficiales, quien lleva las causas que interesan al gobierno y a la AFIP en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández.

En la actualidad Jimena de la Torre continúa desempeñando tareas en la AFIP, reportando a su antiguo jefe Leonardo Cuccioli y a Claudia Lamagrande, quien sigue operando para el macrismo y el juez federal Julián Ercolini. También De la Torre es nexo de varios jueces federales, como supo serlo del fallecido Claudio Bonadío, con quien se le adjudicó un romance.

Recordemos que la dirigente del Pro, Claudia Lamagrande, continúa en la actualidad ocupando el cargo de directora de Asesoría Legal Impositiva y de los Recursos de Seguridad Social. Durante la gestión anterior fue la encargada, bajo las expresas órdenes de la presidencia, de armar las pruebas contra Oíl Combustibles y articular la inserción de las mismas en la causa penal que lleva adelante Ercolini, donde casualmente interactuaba con De la Torre y Cuccioli para el avance de la causa.

Lamagrande fue la responsable del dictamen de AFIP que puso tras las rejas a Cristóbal López y Fabián de Sousa, los dueños de Oíl Combustibles, emitido en 2016 mediante la disposición 395. Allí Lamagrande determinó que “se impida en los sistemas la posibilidad de que la firma Oíl Combustibles pueda acogerse al régimen de regularización excepcional” de deudas del organismo, avalando lo actuado por Ercolini.

Recién para agosto del 2019 se supo la verdad sobre la deuda y el dictamen de Lamagrande. La deuda de Oíl Combustibles con la AFIP no era de 8.000 millones sino de 2.200 millones de pesos, de los cuales 1.600 millones ya habían sido pagados. Así lo certificó una pericia oficial del Tribunal Oral Federal 3, validada por una perito de la Corte Suprema de Justicia, dos del ministerio Público Fiscal, dos de la AFIP (como querellante) y tres representantes de la defensa.

Es decir, el dictamen de Lamagrande había mentido sobre los números, nada más ni nada menos. A pesar de eso, el recién llegado subdirector de Coordinación Técnico Institucional, Juan Capello, la sigue sosteniendo en el cargo. 

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