Morales, junto a la mesa provincial, se solidarizó con las personas violentadas, con el Intendente Sergio Laguna, electo por el voto popular, quien también fuera detenido. Al mismo tiempo, expresó su preocupación por la virulencia del procedimiento y señaló que requerirá informes al Gobierno de la Provincia, para que dé cuenta del procedimiento policial ejecutado, inicie las investigaciones y los sumarios administrativos y/o acciones judiciales pertinentes para sancionar a quienes cometieron hechos de violencia institucional. Asimismo Morales señaló que requerirá que se diriman las responsabilidades jurídicas y políticas de los hechos sucedidos.

La UCR – a través de su titular- observó la improvisación del Gobierno de la Provincia, que conociendo desde hace meses el recorrido del Dakar, no tomó las previsiones para lograr consensos con las comunidades indígenas, conociendo la demanda que habían realizado previamente al respecto. “La negligencia ha provocado una vez más una situación bochornosa, otro dato del desgobierno de Eduardo Fellner”.

Morales lamentó que se hayan desoído las voces de las comunidades indígenas y que no se hayan implementado espacios eficaces de diálogo que pudieran haber prevenido los hechos citados.

Pero además, el titular del radicalismo jujeño objetó la persistente violación por parte del Gobierno de la Provincia del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado que les ha sido reconocido a los pueblos indígenas, a través del Convenio 169 de la OIT, el plexo constitucional y la jurisprudencia nacional y en particular en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de cumplimiento obligatorio para el país.

También Morales, observó que la provincia de Jujuy-una de las provincias más rica en diversidad cultural, con 8 pueblos indígenas y más de 300 comunidades- no ha adecuado su institucionalidad estatal para implementar los mecanismos y las políticas que exige una sociedad multicultural con pueblos indígenas, a quienes el orden jurídico ha garantizado derechos especiales, como una medida de acción positiva y en reconocimiento además de su preexistencia.

Por último, Morales exigió que cese la sistemática violación al derecho a la consulta y el consentimiento previo libre e informado y se implementen en consulta con los pueblos indígenas, mecanismos que hagan efectivo ese derecho y conforme a los estándares ya establecidos por la CIDH.