En las próximas horas cobrará una importancia fundamental la cláusula décimoprimera del anexo del convenio entre la provincia de Mendoza y el Banco Nación, firmado el 22 de diciembre de 2010 por el ministro de Hacienda de ese momento, Adrián Cerroni y el gerente regional de la mayor entidad bancaria del país, Rubén Nocera.

Es que allí quedó estipulado que “el plazo de vigencia del presente convenio se establece en cinco años contados a partir de su firma”, es decir hasta el 22 de diciembre de 2015. Ese día el nuevo gobernador, Alfredo Cornejo. recién estará transitando su segunda semana a cargo de Mendoza. 

También el contrato dejó fijado que “la Provincia con sesenta días de antelación deberá notificar fehacientemente la decisión de conclusión definitiva” del convenio. Y esto sucederá el próximo jueves 22 de octubre -dentro de tres días- cuando Francisco Pérez se encuentre a 47 días de entregar su bastón de mando. 

El texto de esa cláusula aclara expresamente que “caso contrario (es decir si Pérez no denuncia el convenio) se prorrogará automáticamente la vigencia por el lapso de un año”.

Está claro que Pérez no denunciará el presente convenio y que esta semana (por acción u omisión) quedará prorrogada la condición de agente financiero del Banco Nación, como mínimo hasta el 22 de diciembre de 2016. Para ello bastará que el gobierno actual deje que se venzan los plazos y todo automáticamente se prorrogue por un año.

Esto significa que Cornejo llevará a cabo su primer año de gestión con el Nación como agente financiero y que -sólo a partir del 22 de diciembre de 2016- podrá acordar otras condiciones para la extensión de la prórroga por cinco años o disponer de un difícil remplazo por otra entidad financiera (lo que deberá comunicar dos meses antes al banco).

“El acuerdo político entre Pérez y Cornejo prevé que el actual gobierno deja vencer los plazos para que todo se prorrogue por un año”, aseguran en el entorno del mandatario radical electo. Además, el diputado nacional Enrique Vaquié (UCR) afirma que “no es viable una prórroga por cinco años por decreto, porque incumpliría con la prohibición de la Ley de Responsabilidad Fiscal que no permite consolidar gastos corrientes durante los últimos seis meses de un gobierno”.

No obstante, todos coinciden en que para el gobierno en funciones existe la posibilidad de avanzar sobre una prórroga por cinco años mediante el envío y aprobación de una ley en la Legislatura Provincial.

Aunque una decisión de este tipo sería rechazada de plano por Cornejo. Y terminaría de complicar el clima de traspaso de un gobierno a otro, ya afectado luego de que la UCR acusó a Pérez de ‘cortarse sólo’ en la negociación con el Nación al rechazar ‘la reducción’ del pedido conjunto de financiación por 5.800 millones de pesos a una refinanciación de vencimientos por 2.300 millones. 

Aunque entre funcionarios de la Casa de Gobierno ayer predominó el silencio, se pudo conocer que una de las alternativas que se ha evaluado es que Pérez no utilice la herramienta legal de un decreto sino la de una ‘carta de intención’ que contemple la prórroga por cinco años.

Desde un primer momento las autoridades del Banco Nación le reclamaron a Pérez la ratificación del preacuerdo alcanzado antes de las PASO provinciales del 19 de abril (cuando todavía no se sabía quién sería el próximo gobernador), por el cual se extendía por cinco años la condición de agente financiero. Mientras las líneas gerenciales del Nación siempre se inclinaron por establecer negociaciones ‘por separado’ con los gobernadores saliente y entrante de la Provincia.

Mientras tanto, hoy viajarán a Buenos Aires técnicos del equipo negociador del Gobierno provincial y mañana se sumará el ministro de Agroindustria, Marcelo Costa. Buscarán terminar de acordar con el Nación no sólo las condiciones de refinanciación de los vencimientos de diciembre (por 2.300 millones de pesos) sino también un crédito por 1.200 millones que podría ‘cerrar’ la asistencia financiera para la transición mendocina en 3.500 millones de pesos.

La claúsula 11º

“El plazo de vigencia del presente convenio se establece en cinco (5) años contados a partir de su firma. La Provincia con sesenta (60) días de antelación a la finalización del plazo referido, deberá notificar fehacientemente la decisión de conclusión definitiva del mismo, caso contrario, se prorrogará automáticamente la vigencia del presente por el lapso de un (1) año y renovable sucesivamente por igual período, salvo que ‘La Provincia’ manifieste la voluntad de concluir el convenio, por medio de notificación fehaciente e igual plazo” (anexo al convenio Mendoza-Nación del 22 de diciembre de 2010).