Hubo un cambio en el panorama". La misma frase se repitió en los pasillos del Hotel Provincial, de Mar del Plata, a lo largo de las tres jornadas que duró el Congreso Federal de Reformas Legislativas vinculadas a la justicia. La referencia de jueces y funcionarios del gobierno hacía alusión a la negociación que el jueves pasado se llevó a cabo en el Consejo de la Magistratura y que, sorpresivamente, arrojó un resultado impensado meses atrás: el kirchnerismo dio su aval para que los magistrados se alzaran con la presidencia y vicepresidencia del órgano político del Poder Judicial, responsable de la selección y remoción de los jueces. El segundo paso quedó expuesto en la pluralidad de la convocatoria organizada por el Ministerio de Justicia para la discusión de los futuros proyectos de ley, lo que arrojó el dato político saliente del nuevo enfoque que el gobierno pretende dar a su histórica relación conflictiva con el más conservador de los tres poderes del Estado.

Además, los términos del encuentro coincidirían luego con el tramo en el que, durante la apertura de sesiones ordinarias, la presidenta Cristina Fernández hizo referencia al papel fundamental que tendrá el Parlamento en la sanción de normas para la justicia. Allí, la mandataria confirmó todo lo que se discutió en el cónclave marplatense, con el envío del anteproyecto de reforma de Código Penal incluido, y se centró en la intención de lograr un nuevo Código Contencioso Administrativo Federal. "No se puede trabajar con el mismo código que legisla sobre las relaciones entre ciudadanos, el rol del Estado, que es completamente distinto al del siglo XIX", afirmó. "Un juez no puede ser opositor, tampoco oficialista. Un poquito de control popular no le viene mal a nadie. No pudo ser, alguna vez será", indicó, en referencia a la ley bloqueada por la Corte para la elección popular de consejeros de la Magistratura. De todas formas, para matizar, Cristina les recordó a los jueces que son los que más ganan, sin pagar impuesto a las Ganancias, y les reprochó actitudes corporativas.

Días antes, en Mar del Plata se reunieron camaristas del fuero Federal Penal, Contencioso Administrativo y del trabajo; de la justicia nacional, de la Ciudad y de las provincias. También hubo fiscales y defensores públicos, miembros de la tradicional Asociación de Magistrados y de la más reciente Justicia Legítima; y de la lista Bordó y de la Celeste, los partidos en los que se dividen los funcionarios judiciales en la vida política interna. Hasta desde el Fuero Civil y Comercial Federal aceptaron el convite del gobierno. Muchos de ellos ni siquiera se saludan entre sí. Actores y operadores de la justicia de todos los ámbitos y estamentos fueron protagonistas del encuentro que, para el gobierno, cumplió con creces las expectativas: el Ejecutivo avanzará en las reformas de los códigos a través de proyectos de ley que los actualicen y que los creen, como es el caso del Contencioso Administrativo Federal, que se hará, tal como adelantó Tiempo Argentino, con un fuerte nivel de consenso previo para evitar traspiés.

También se dará la discusión para ver de qué forma se puede redactar una nueva Ley Orgánica para el Servicio Penitenciario Federal que intente revertir la crítica situación en las cárceles, fruto de una normativa vigente desde la dictadura, y que ha consagrado las peores prácticas por parte de quienes debieran colaborar en el proceso de resocialización de los presos. La Procuración Penitenciaria acordó con la discusión, pero reclamó protagonismo.

Sin embargo, la actualización del Código Procesal Penal, cuya esencia será el traspaso del sistema inquisitivo al acusatorio, se vislumbra paulatino. Cuando se concrete, le dará el protagonismo de las investigaciones a los fiscales, con un modelo que la mayoría de las jurisdicciones adoptó y es una deuda constitucional.

La idea de la gradualidad también es para no escandalizar a los jueces federales de Comodoro Py, que son los más sensibles a los cambios que impliquen, como es el caso, relegar el poder que actualmente tienen de manejar los tiempos de las causas de gran impacto mediático, y que muchas veces involucran a funcionarios públicos. Ya hay trabajos previos y varios proyectos de ley presentados. Bastará con unificar las propuestas y cumplir pasos de discusión en comisiones de trabajo para elaborar los borradores de las tres iniciativas.

Durante tres días, Mar del Plata fue el epicentro de la vida política judicial. Además del Congreso, en paralelo se llevó a cabo la 5ta Asamblea del Consejo Federal de Justicia (Cofejus), con 16 provincias y la Nación representadas. Y un encuentro de Justicia Legítima, en el que hubo algunos chispazos, además de decenas de reuniones informales entre los participantes.

¿La coincidencia? El cambio de clima planteado por el giro en la estrategia política del gobierno nacional como una novedad auspiciosa y el reconocimiento de errores compartidos en el enfrentamiento del año pasado. ¿El interrogante? Por cuánto tiempo será posible mantener la tregua. El compromiso de destrabar los concursos para jueces, cubrir el creciente número de vacantes y poder revertir el déficit de administración del Consejo para poder pagar los sueldos de la justicia son las claves de la nueva gestión. Los fondos para pagar salarios este mes están garantizados pero sin una solución política no se podrá asegurar el próximo pago.

El líder de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, fue uno de los protagonistas, a pesar de no haber estado presente en la ciudad balnearia. Envió a su segunda a la apertura del evento y a uno de sus hombres más cercanos para presenciar el cierre. El mensaje fue también un intento de borrar diferencias, tras un 2013 de enfrentamientos y con el boicot al paquete de leyes de la llamada "democratización de la justicia". Con la experiencia a cuestas, desde ambos lados saben qué son capaces de hacer y sufrieron en carne propia las consecuencias de ese duelo.

La ausencia en el encuentro de la cabeza del Poder Judicial, como es la Corte Suprema, fue otro dato de peso. Esta reforma es impulsada desde el oficialismo con acuerdo y consenso de casi todos los estamentos del poder judicial, que luego de la foto que entregó el cierre en el Hotel Provincial deja sin mucho margen a quienes pretendan objetarla.

La forma en que el gobierno retomó la iniciativa en uno de sus frentes más conflictivos implica un año legislativo que se perfila clave para la justicia. «

distintas voces, un mismo balance optimista de la convocatoria

"Es auspicioso pensar que desde el Ejecutivo haya esta convocatoria tan plural y multitudinaria. Que los argentinos nos pongamos a pensar qué hacemos con la gente presa, significa que llegó la hora", sostuvo ante Tiempo Argentino la titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori. "El Poder Judicial va a tener que prepararse porque la sociedad le va a pedir estos cambios", agregó la jueza de la Cámara del Crimen.

Mario Fera, camarista del Trabajo e integrante del Consejo, calificó a la iniciativa de "muy positiva". Para Fera, "hay que trabajar mucho en la conciencia de los actores sociales para que esto pueda llevarse a la realidad en el menor tiempo posible", con el objetivo de que "la ley trascienda la coyuntura política".

"En este nuevo escenario, lo que realmente tenemos que discutir son estas cuestiones. Discutir Contencioso y el sistema de las cárceles, cómo reestructurar al personal del servicio penitenciario. Qué hacemos con las cárceles", subrayó Diego Barroetaveña, del Tribunal Oral Nº21, un hombre fuerte de la Asociación de Magistrados. "Desde la Asociación creemos que tenemos que estar en eso y transitar caminos donde nos tengamos que escuchar. Las organizaciones no están para ser opositoras, sino para trabajar juntos, y debatir. Nosotros vamos a estar para eso", se esperanzó Barroetaveña ante este diario.

"En el sistema procesal penal actual no está determinado quién va a investigar. Al estar el juez involucrado en la persecución no es imparcial. Entonces ni juzgados ni fiscalías desarrollan las estructuras dedicadas a investigar. Hay que superar el hábito de creer que mandar oficios es investigar", apuntó la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tras su exposición en el Congreso. "Habría que multiplicar el número de fiscales y jueces y terminar la delegación en los empleados. Plazos más cortos, separando lo que es complejo del delito más simple, dando el protagonismo al fiscal en la investigación y al juez en el enjuiciamiento. Hay un consenso en que este debe ser el modelo procesal", argumentó la jefa de los fiscales. Por otra parte, destacó, a su vez, que "este tema ha ganado muchos consensos" entre los participantes del evento, cualquiera sea su posición política.

"La ley de amparo y los amparos colectivos requieren también la atención", alertó Guillermo Treacy, juez de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. "En ámbitos donde están en juego cuestiones empresariales, el fuero civil y comercial federal ha sido más permeable", reconoció, en relación a los litigios contra el Estado, que fueron abordados de modo crítico durante la segunda jornada de ponencias.

Luis Niño, juez de la flamante Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, sostuvo que "lo importante no es que salga la ley sino que se produzca un cambio en la cultura de los operadores judiciales". De otro modo, advirtió, "comenzarán los parches". Además, puntualizó: "El juez es un tercero imparcial que no puede estar en la investigación ni suplir falencias de la defensa. Pero hay que ser muy cuidadoso en cómo se legisla."