Obviamente, Vidal priorizó tener garantizada la gobernabilidad en los próximos meses algo que le podría terminar jugando en contra ya que muchos con los que pactó han demostrado, durante su carrera política, no tener códigos. Y, por eso, no dudarán en sumarse a movidas desestabilizadoras o destituyentes si con ello logran obtener algún tipo de beneficio.

A su vez, pactar con delincuentes y con mafias implica el riesgo de avalar que se consagre, una vez más, la impunidad. Estamos hablando de una Provincia donde el gobernador saliente, Daniel Scioli, dejó una administración quebrada, con deudas sin registrar por $54 mil millones. Peor aún, en los últimos años, se han concretado verdaderos saqueos como los ocurridos en el IOMA y en el Instituto de Previsión Social, comprometiendo seriamente las prestaciones de la principal obra social de la Provincia y el pago de las futuras jubilaciones. En el caso del IOMA, Scioli dejó una deuda de $2600 millones y enormes nichos de corrupción que van desde la venta clandestina de medicamentos oncológicos de alto costo hasta facturaciones millonarias de empresas fantasmas. En tanto, la deuda con el IPS asciende a $782 millones, lo que implica un profundo desfinanciamiento de la caja previsional bonaerense.

En octubre pasado, la ciudadanía bonaerense votó por el cambio. Harta de la corrupción, la inseguridad y de que los presos puedan huir caminando de los penales de máxima seguridad. A ello se le sumó, como factores de indignación, la falta de inversiones en las rutas, y la destrucción de la educación pública y de los hospitales. Por ello, si los responsables de habernos llevado a esta situación no son castigados con todo el peso de la ley, para lo cual es necesario que el actual gobierno haga las denuncias correspondientes, no habría que descartar –como solía decir Juan Domingo Perón- que sea el pueblo el que termine haciendo tronar el escarmiento.