El ministerio de Justicia y Seguridad porteño, cartera que conduce Martín Ocampo, autorizó el pago de $5.677.472,88 a a una empresas de seguridad privada por los servicios prestados para la seguridad en las estaciones de las líneas de subterráneos y en el Instituto de la Vivienda. Quien recibió el pago por dichos servicios es Briefing Secutiry S.A, una conocida empresa del rubro que mantiene vínculos con el ejecutivo porteño desde hace varios años.

El Gobierno, aunque absorberá a la PFA, realizó un llamado a licitación para contratar dichos servicios de seguridad privada por un total de $4.000 millones. Por medio del Boletín Oficial, se conoció que las mencionadas empresas fueron beneficiadas nuevamente en una opulenta contratación. De acuerdo con la resolución del ministerio de Hacienda porteño, Líderes Consultores de Seguridad obtuvo la Zona 1 con una propuesta de algo más de seiscientos millones de pesos; Murata SA, la Zona 2 con una de más de mil cien millones de pesos; Comahue Seguridad Privada SA, la Zona 3 con una de mil ciento nueve millones de pesos y, finalmente, Briefing Security SA se quedó con la Zona 4 por mil ciento cincuenta y seis millones.

 

Bajo el argumento de la falta de agentes necesarios para cubrir determinadas actividades, el PRO acostumbró a tercerizar ciertas actividades vinculadas a la seguridad. Al punto que en el registro que aporta la propia página de la dirección General de Seguridad Privada, dirigida por Ignacio Antonio Cocca, tiene 468 empresas inscriptas.

Un dato no menor es que Cocca estaría relacionado con una de las cuatro -puntualmente con Murata- por medio de su relación con el ex jefe de Departamento de Operaciones Federales Roberto Raglewski, quien fue pasado a retiro en 2004. Raglewski, cuya esposa María Paula Stella forma parte del directorio de Murata, fue acusado, entre otras cosas, por su responsabilidad en casos de gatillo fácil.

Justamente, Murata y Briefing Security fueron señalados, en 2009, por un informe de la Sindicatura General porteña, en el que se precisaba que tanto el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) como las agencias de seguridad cuya función era la de vigilar sus dependencias incurrieron en “graves irregularidades”. En ese trabajo de auditoría se señala que Murata SA, Briefing Security y SPG facturaron por “objetivos que figuran como custodiados, cuando por la propia naturaleza de los mismos resulta inverosímil que lo hayan sido”.

Desde la oposición, los cuestionamientos vienen siendo en dos planos.

Por un lado, la izquierda, como es el caso del legislador del MST Alejandro Bodart denunció, en entrevista con Revista Qué, que las licitaciones se hacen a medida de las firmas que usualmente ganan. Por el otro, el Frente para la Victoria viene reclamando que se transparente la utilización de fondos en esta área, ya que crece exponencialmente año a año. Desde el macrismo, bajo la excusa de los tiempos movidos de cara a la conformación de gabinetes, declinaron sentar su postura.