El fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, presentó una denuncia penal para que se investigue el el acuerdo entre Correo Argentino y el Gobierno nacional. La presentación cayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.

Rodríguez basó su denuncia en los dictámenes de la fiscal General de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, quien consideró que el acuerdo debe ser investigado por la posible comisión del delito de "tráfico de influencias" y posibles "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

Además, Rodríguez, a través de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), le pidió a la Procuración del Tesoro un sumario administrativo y una auditoría "a los fines de aclarar la actuación de los cuerpos jurídicos del Estado actuantes a lo largo de toda su tramitación, como así también de los funcionarios políticos de quienes dependían los abogados del estado actuante".

 

La Oficina Anticorrupción investigará el acuerdo entre el Gobierno y Correo Argentino

Junto a la investigación elevada por Rodríguez, en las últimas horas se presentaron otras cuatro denuncias en los tribunales de Comodoro Py contra el presidente Mauricio Macri, su padre y titular de la sociedad a cargo del Correo, Franco Macri, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, y el director general de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Carlos Mocoroa, quien fue el que aceptó la oferta de la empresa en nombre del Estado.

Las demandas fueron presentadas por los miembros del partido Nuevo Encuentro Martín Sabatella y Gabriela Cerruti, acompañados por sus abogados.

La causa comenzó cuando trascendió que el Gobierno y el Correo Argentino firmaron un acuerdo el año pasado por la deuda que la empresa tiene con el Estado desde 2001, cuando entró en concurso.

La deuda original era de 292 millones pesos (en tiempos de convertibilidad), y la oferta aceptada por Mocoroa fue un pago de 15 cuotas anuales con un interés del 7%, lo que implicaba una quita del 98,8% de la deuda. Esto fue rechazado por fiscal General de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, tomado por el fiscal Sergio Rodríguez, quien pidió investigar el hecho.