La Legislatura había votado un incremento en el impuesto que incrementaba el aporte del 4% vigente en 2013 a un 6% para petróleo crudo y gas natural.

Pero en el Ejecutivo interpretaron esto como un “autoimpuesto”, dado que el año pasado YPF pasó a ser propiedad estatal y que Mendoza posee un porcentaje de las acciones de la firma, además de la irrupción de la empresa provincial de energía, Emesa, que poseerá un porcentaje del paquete de áreas petroleras a adjudicarse en las próximas semanas.

La medida se concreta a pocos días de que el CEO de la firma estatal, Miguel Galuccio, desembarque en Mendoza para presentar el plan de inversión 2013 de la empresa para Mendoza.

El argumento de la observación, que actúa como un veto, indica que la medida resultaría incongruente con “el proceso de transformación de la política de Hidrocarburos” implementado a partir de la estatización de la principal petrolera del país.

La observación considera que el incremento impositivo representa, además, un “elemento distorsivo” que “rompe el equilibrio en el precio del combustible en términos comparativos al vigente en otras provincias de la República Argentina”.

“Resultan fundamentales las acciones que lleva adelante la Provincia de Mendoza para promover e incentivar la inversión en la producción de petróleo y gas natural”, se indica en el texto del Boletín Oficial. “En este estado de situación es inoportuno y constituye una señal inconveniente proponer un aumento diferenciado y específico para la actividad de producción de petróleo y gas natural”, argumenta.

Sobre el final del argumentado del decreto, que también modifica el artículo 185 del Código Fiscal y anula los cambios en las alícuotas para las eléctricas, indica que “no tener en cuenta este aspecto implicaría una drástica disminución de los recursos por impuesto para la actividad enunciada y desde la razonabilidad del planteo debe mencionarse que surge claramente que se ha deslizado un error de escritura”.

El beneficio apunta principalmente a beneficiar a YPF y fue anunciado por el Gobernador Francisco Pérez en los primeros días del año, cuando el mandatario regresó de sus vacaciones. La medida fue cuestionada por el radicalismo, partido con el que el oficialismo había logrado un acuerdo para la sanción del presupuesto accediendo a algunos cambios en la ley Impositiva.