La historia es bastante simple. La Procuración General de la Nación pagó en julio de 2013 la suma de $ 43.850.000 por el coqueto edificio de la calle Perón 667 donde instaló sus oficinas Alejandra Gils Carbó.

La procuradora general de la Nación había puesto al frente de la primera y más importante licitación desde que había comenzado su gestión en 2012 al licenciado en Economía y experto en transparencia Guillermo Bellingi.

Como subdirector general de la Procuración, Bellingi intervino en la licitación y modificó una condición que favoreció a la firma que finalmente resultó adjudicataria.

La firma Arfinsa- del Grupo Bemberg- vendió el edificio. Y le pagó una comisión de $ 7.700.000 a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios por asesoramiento, que a su vez le pagó por asesoramiento para la licitación $3.000.000 a un productor de seguros de La Plata, sin relación con el rubro inmobiliario, llamado Juan Carlos Thill, quien resultó ser medio hermano de Bellingi. Parte del asesoramiento brindado por Thill a Arfinsa/Jaureguiberry quedó registrado en mails.

Thill –definido por Bárbara Jaureguiberry como experto en licitaciones- le envió a la inmobiliaria una copia del pliego de licitación antes que se hiciera público y le dio precisiones sobre las fechas del proceso que sólo podía conocer por tener información calificada que le brindaba su medio hermano.

El 8 de abril pasado , cuatro años después de la licitación, Infobae publicó la factura por la cual Thill cobró $3.000.000 (559.000 dólares al cambio de 2013). Ante esa información, Gils Carbó apartó a Bellingi de su cargo y ordenó el inicio de un sumario administrativo.

La suspensión de Bellingi por 60 días se vence esta semana, por lo cual el funcionario sospechado -e imputado en una causa penal junto a Gils Carbó- podrá retomar sus tareas en la Procuración General de la Nación en breve. De esa manera volverán a verse las caras Gils Carbó y Bellingi, a quien el entorno de la procuradora define como "un empleado infiel que hizo un negocio".

El sumario administrativo quedó a cargo de Sergio Rodríguez, quien encabeza la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. En ese expediente fue indagado Bellingi.

Según explicaron a Infobae fuentes del caso, Bellingi realizó un planteo de nulidad porque cuando sucedieron los hechos era un contratado por la Procuración y no personal de planta permanente, por lo que no se le puede realizar un sumario interno. También recusó a Gils Carbó y a Rodríguez.

Cuando se presentó a la indagatoria en el sumario administrativo tan solo contestó generalidades acerca de cómo fue su designación. Rodríguez, según explicaron las fuentes, le hizo una veintena de preguntas. En la mayoría de los casos se negó a responder.

Salvo en una pregunta: la número 13. Cuando le preguntaron "si sabía que Thill recibiría una suma de dinero como contraprestación por servicios de asesoramiento en la licitación 1/2013". Bellingi contestó que "no sabía".

Imputado en la causa que instruye el fiscal Eduardo Taiano y que está en el juzgado de Julián Ercolini, Bellingi no hizo ninguna manifestación, como sí han hecho otros de los imputados. Gils Carbó, por ejemplo, pidió su sobreseimiento por algunos aspectos de la denuncia original, que no se han verificado en la investigación.

Al no haber dicho nada en la causa penal, la indagatoria en el sumario administrativo es la única "palabra" de Bellingi en el expediente. Y lo que dijo suena un tanto extraño para los investigadores: que "no sabía" que su medio hermano iba a cobrar por asesorar a los ganadores de la licitación.

El único insumo que Thill vendió como parte del "asesoramiento" fue la información calificada que Bellingi le brindaba. Y el propio Bellingi, en mails que envió a otros integrantes de la Procuración, dio a entender que había tenido contacto con los que finalmente ganaron la licitación. Y que se iba a encargar de evitar pedir el certificado fiscal como condición para presentarse a la licitación. Algo que hizo en la foja 2 del expediente licitatorio. Con eso allanó el camino para que los ganadores de la licitación se pudieran presentar.

Bellingi manejó la licitación y su medio hermano cobró una comisión de medio millón de dólares. El funcionario -que trabajaba en la Procuraduría que lucha contra el lavado de activos- dice que no sabía que su pariente iba a cobrar la comisión millonaria.

Los investigadores sospechan que Bellingi y Thill repartieron la comisión.Algo que se puede deducir de lo que hizo Thill una vez ingresado el pago en su cuenta bancaria. Hizo un plazo fijo por la mitad dinero y el resto lo fue retirando en efectivo.

Como Bellingi trabajaba en la Procuraduría Antilavado (Porcelac) y daba cursos para combatir las empresas off shore, los investigadores creen que sabía cómo hacer para que no queden rastros del dinero.

El paso del tiempo desde que Thill cobró la comisión hasta que comenzó la investigación los ayuda: no es fácil seguir, después de cuatro años, la ruta de un pago que se transformó en dinero en efectivo en la ventanilla de un banco. Si a eso se le agrega que Bellingi tiene experiencia en combatir el lavado de dinero, la posibilidad de hallar la mitad de lo cobrado, se desvanece.

Eso no implica que la causa avance hacia una definición. Que, en Comodoro Py, se espera para los próximos días.