El miércoles, ocho policías en actividad sospechados de instigar el paro de diciembre del año pasado tendrán que concurrir a prestar declaración testimonial en la comisión legislativa que investiga esos hechos. El encuentro se desarrollará en la Cámara de Diputados, donde los denominados “autoacuartelados” tendrán que responder las preguntas de los dirigentes políticos.

La comisión –que conduce el radical Maximiliano Pullaro– ya cumplimentó las dos primeras etapas que se habían trazado los diputados para investigar y producir información del alzamiento policial: el plan de trabajo y la recolección de pruebas y datos que solicitaron a distintos organismos públicos y funcionarios. A partir de los elementos obtenidos es que ahora comenzarán con las citaciones.

Hace dos jueves, la Cámara baja votó una extensión de 60 días (hasta fines de diciembre de 2014) del trabajo de la comisión para que ese mayor plazo permita analizar con detenimiento expedientes judiciales, noticias, testimonios y otras pruebas. Además, hubo algunos actores que demoraron sus respuestas para poder continuar con la investigación, situación que se subsanó en las últimas semanas.

El mencionado cuerpo parlamentario se constituyó a mediados de junio y la primera decisión fue ordenar el trabajo en cuatro etapas de 30 días cada una: requerimientos escritos a organismos que intervinieron en la investigación; análisis de las respuestas; testimoniales (en función de la información que surgiera de ese análisis), y conclusiones.

Entre los requerimientos, están los pedidos al fiscal federal Walter Rodríguez (respondió en junio); al procurador de la Corte, Jorge Barraguirre (respondió en agosto); a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó (respondió en agosto); a la Suprema Corte de Justicia de la provincia (respondió a mediados de septiembre); y al ministro de Seguridad, Raúl Lamberto (respondió a principios de octubre).

La semana pasada, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, envió la voluminosa documental que se le pidió al Poder Ejecutivo y se espera para las próximas horas que hagan lo propio los intendentes de Santa Fe, José Corral, y de Rosario, Mónica Fein. De los mandatarios locales quieren conocer precisiones complementarias acerca de cuáles fueron las actuaciones de los municipios durante el conflicto.

A partir de la información sistematizada, es que este miércoles tendrán que ir a la Legislatura ocho de los policías cuestionados por su accionar durante el paro. Todo ello, en un contexto donde el gremio policial no reconocido (Apropol) amenaza con nuevas medidas de fuerza si no aparece un aumento salarial y en las redes sociales se habla de repetir lo ocurrido en 2013.

Presiones al por mayor

El gobierno provincial advirtió –en varias oportunidades– que Apropol fue uno de los principales instigadores y colaboradores del alzamiento policial de diciembre pasado, que de hecho es reivindicado por la organización. Este año, por caso, entre los delegados que eligieron las fuerzas del nodo Rosario para el comité mixto de seguridad e higiene había dos integrantes de este gremio no reconocido que fueron expulsados por comportamientos indebidos.

También, desde Apropol se lanzaron acusaciones directas en torno al narcotráfico y su presunta influencia en el Poder Ejecutivo. Ahora anuncian que están dispuestos a ir a otra protesta si el salario mínimo de un policía no llega a los 15.000 pesos mensuales. Al respecto, este martes a la 9 se movilizarán hasta la sede Rosario de la Gobernación para presentar un petitorio que plantee “discutir una inmediata recomposición salarial”.

Mientras tanto, una fuente legislativa dijo que en aquellos distritos donde hay policías detenidos después del paro, ya sea por promover saqueos como por otros delitos, fueron las Justicias provinciales las que actuaron de manera inmediata. “Llama la atención que aquí en Santa Fe todavía está en veremos la cuestión de la competencia”, manifestó la misma persona, que prefirió la reserva de nombre para no complicar el trabajo de la comisión.

Es de recordar que el fiscal federal Walter Rodríguez pidió por tercera vez el último jueves que el juzgado federal resuelva las peticiones del Ministerio Público, en cuanto al pedido de indagatoria de seis personas, policías y expolicías en lo que él cree fue un movimiento sedicioso lo que ocurrió en diciembre de 2013. También, reiteró la necesidad de recibir más de una decena de testimoniales.

Entre los sospechados del alzamiento están el titular de Apropol, Alberto Martínez, quien desde el celular de su esposa amenazó al gobernador Antonio Bonfatti; según figura en el expediente judicial. A él, se suman los funcionarios policiales en actividad Fabricio Abasto, Claudio Patiño, Alejandro Zamaro, Oscar Aguirres y Mauricio Pagani, quienes fueron eslabones necesarios para el paro de las unidades regionales de La Capital y Rosario.