La dimensión ética de los impuestos

La dimensión ética de los impuestos

Por Marcelo A. Saleme Murad 

El tema parecería plantear una dicotomía: "ética" e "impuestos" parecen -pero no son- términos antitéticos. Para abordarlo, hace falta ir a la raíz misma del poder tributario del Estado. Este poder es un poder derivado del Ciudadano. Es decir, es el individuo -que es sin dudas previo a la organización estatal- quien cede parte de su poder al Estado para que éste, a través de su ejercicio, permita el desarrollo de la vida en sociedad, orientándola al bien común.

Así entonces, el Estado no puede ejercer en forma omnímoda su poder (so pena de caer en totalitarismo), sino que debe ajustarlo a los mandatos de la Constitución Nacional (éste es el verdadero poder constituyente del Estado, en el cual los ciudadanos le confieren derechos y deberes). La potestad tributaria entonces, aparece íntimamente vinculada a los fines conque se creó el Estado. La potestad tributaria para ser legítima debe ser, ante todo, ajustada a Derecho, y principalmente, al Derecho Constitucional. No se puede tener, como sucede en la Argentina, un Estado que se dice defensor de la libertad, y al mismo tiempo un sistema fiscal totalitario.

Nuestra Constitución Nacional es de raigambre liberal, como la de todos los pueblos democráticos que han alcanzado algún grado de desarrollo sobre la tierra. El liberalismo, entendido como la corriente que irrumpió en la historia para consagrar los derechos individuales del hombre por sobre los derechos "divinos" que se arrogaban hasta la Edad Media los gobernantes reales, es quien consagró políticamente los conceptos de libertad y de dignidad humana, desligados ya de todo tinte religioso. De allí su importancia. El liberalismo es desde la ignorancia o mala fe de las corrientes políticas "progresistas", "de izquierda" y otras, identificado con el "laissez-faire"; y demonizado como el Leviatán a combatir. Ningún gobierno auténticamente liberal ha sido jamás un gobierno totalitario. No obstante, sí han sido de izquierda todos los gobiernos totalitarios como los marxistas en sus diferentes versiones, e incluso los tendientes al marxismo como los socialistas, (baste recordar el nacional socialismo alemán, el fascismo italiano, etc, que se declararon abiertamente anti capitalistas), pues éstos atropellan el bien más preciado del hombre después de la vida: la libertad, y como consecuencia de ésta, la propiedad que le permite desarrollarse.

Esto fue lo que entendieron nuestros Constituyentes, que establecieron un modelo liberal de sociedad, de gobierno y de República. El propio Juan Bautista Alberdi sostuvo que nuestra Constitución es "la expresión cabal de la economía liberal moderna". También fue el lúcido autor del proyecto de nuestra constitución quien sostuvo que el Estado no puede, bajo ningún concepto, realizar tareas que están libradas a la industria de los Ciudadanos excluyendo a éstos de hacerlas (llámense "monopolios estatales"), pues ello es propio de Estados totalitarios y "derogatorio de la Constitución Nacional".

Por ello, en los últimos años, hemos escuchado hablar tanto del deseo de muchos "políticos" que nos han gobernado de "cambiar el modelo"; pues lo que se pretendió fue establecer un modelo neo marxista, totalitario, basado en la supremacía del Estado sobre el individuo; basado en la "redistribución de la riqueza" de los individuos que producen, redirigiéndola a los que no producen nada, incluyendo en los beneficiarios de nuestra riqueza a toda la casta política gobernante entre 2002 y 2015, tal como vemos ahora por todos los medios.

Así entonces, mediante un sistema fiscal opresivo, regresivo y tendiente a destruir la producción, el estado totalitario que gobernó a la Argentina consagró un sistema tributario totalmente contrario a la ética constitucional.

Para los constituyentes, la potestad de exigir tributos por el Estado, se basó exclusivamente en la necesidad de proveer al ciudadano un marco para desarrollar su vida dignamente; pero nunca para sustituir la iniciativa privada y mucho menos para "combatir al capital", tal como expresa el Peronismo, partido con protagonismo excluyente en la vida política argentina desde 1945 a la fecha. No fueron los únicos: el fascismo peronista caló hondo en la sociedad; tal que ahora escuchamos a políticos de toda tendencia hablar del "Estado presente". Un estado asistencialista que mata toda iniciativa privada y -mediante un sistema tributario saqueador- se apropia de la riqueza que generan los particulares para dilapidarla a gusto del mandón de turno.

La primera -y fatal - derogación del sistema tributario constitucional se dio con la llamada "Ley Federal de Coparticipación de Impuestos" (1935), que consagró lisa y llanamente la derogación del sistema federal que originó a nuestro país, por otro unitario y centralista; a fin de darle recursos que no le correspondían al Estado Nacional, cuyas arcas se habían agotado por el despilfarro del Gobierno Nacional nacido al calor del golpe de Estado contra Hipólito Irigoyen. 

Las provincias, preexistentes a la Nación, y los Cabildos, preexistentes a las Provincias, eran los dueños originarios de la potestad tributaria; y al sancionarse la Constitución Nacional la cedieron bajo límites estrictos y reglas muy claras, que desde 1935 se vienen violando abiertamente con la complacencia del Poder Judicial. De modo que el espíritu de la "Confederación Argentina", de las "Provincias Unidas del Río de la Plata" (nombres oficiales de nuestro país según el Artículo 35 de nuestra Constitución), pasó a mejor vida a pesar de estar vigente, y fue reemplazado por un reino cuyo comandante en jefe encarna la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional. Al igual que los romanos, aunque en materia de impuestos, los ciudadanos del país elegimos un dictador que reemplazamos por el voto, en nuestro caso cada cuatro años. Pero todo Estado Provincial que reclamó de vuelta sus derechos, y todo ciudadano que reclamó que el Estado Nacional no ejerza una fuerza que no le corresponde, es tildado casi de "sedicioso".

Y tan nefasto es el sistema unitario que consagramos, que ningún gobierno de ningún signo político desde Perón hasta la fecha, se animó a derogar la verdadera causa de decadencia nacional: la caja recaudatoria central y todopoderosa que maneja de forma omnímoda el Gobierno Nacional. No se puede cambiar la Argentina fracasada si no se apunta a éste sistema fiscal.

El Estado ha creado un mecanismo recaudador idéntico a una "picadora de carne" que ejecuta contra todos los ciudadanos. Una máquina que no tiene más ética ni más fin que recaudar contra todo lo que se le oponga, incluido el Derecho y el Ciudadano (llamado siempre, en forma peyorativa, "Contribuyente"). Una máquina que "mete miedo" a todo el que osa enfrentarla, inclusive -especialmente - los jueces. 

Permanecer en la inmoralidad de un sistema fiscal totalmente alejado de la Constitución es consagrar que no importa si el impuesto es destinado al mejoramiento del Ciudadano, simplemente importa que se recaude. Vale decir, la gabela se convierte así en un botín.

Mientras el Poder Judicial, y especialmente la Corte Suprema de Justicia, mira para otro lado, los ciudadanos vemos cómo somos despojados de nuestros ingresos por un sistema fiscal totalmente descarriado.

Los salarios de los trabajadores también son saqueados por impuestos "a las ganancias", torciendo así hasta el infinito el concepto mismo de "ganancia"; para que el Estado diga a qué niños y cómo les va a dar "asistencia" con la "Asignación Universal por Hijo". Es decir: se le saca el pan a los hijos del trabajador que produce para dárselo a los hijos de quien no trabaja. Los alimentos mismos soportan una carga fiscal impagable; produciendo que en el país que más alimentos puede generar en el mundo, éstos resulten inaccesibles para gran parte de la población. Hasta las prendas más humildes de vestir soportan una carga impositiva de, en principio y sin profundizar más, el cincuenta por ciento de su precio. Con lo cual reformulan aquél mandato divino: "el que tenga dos túnicas que dé una a su hermano" por "el que tenga dos túnicas que dé una al Estado". El desempleo que el mismo Estado generó fue paliado nombrando gente que trabaja en el Estado y sus dependencias, agravando una y otra vez el problema. Es decir, convirtieron a los que deseaban producir en parásitos del Estado que sostienen -por supervivencia- la necesidad de un Estado elefantiásico e insaciable. Como nunca les alcanzan los recursos, los sucesivos gobiernos generaron nuevos impuestos y aumentaron las alícuotas.

Los voceros del asistencialismo demonizan a cualquiera que esté dispuesto a cambiar el curso de las cosas para volver a poner al país en el rumbo del crecimiento y de la producción. No hay que temerles, pues éstos son interesados políticamente y viven del Estado. No sólo no hay que temerle al dinero y a la riqueza, sino que hay que hacer todo lo posible para generar un país de ricos. Pero la riqueza la generan los ciudadanos, no el Estado. 

La ética del trabajo ha sido vituperada, la acumulación de capital ha sido demonizada, los recursos han sido sangrados de los particulares que los generaron y hacían producir y puestos en manos de los más inútiles; y quienes se han enriquecido sin límites no han sido los más capaces que supieron generar su riqueza con su ingenio y su trabajo y sin robarle a nadie, sino justamente aquéllos que dicen "representar a los trabajadores". Estos hechos, comprobados sobradamente, no tienen ética alguna.

La herramienta que permitió todo ésto fue el sistema tributario nacional que coloca en manos del Poder Ejecutivo Nacional todos los recursos de la economía del país. Hay que cambiarla de raíz si se quiere que "cambiemos". Está claro que el país no funciona. No existe infraestructura de ninguna clase que responda al siglo XXI, no existe seguridad, salud, defensa ni justicia; la moneda nacional está en caída libre hace décadas y se prefiere un papel cualquiera antes que el billete nacional. El Gobierno actual se hizo cargo de un Estado quebrado y fallido, y es por demás claro que necesita remediar ésta situación tomando la dirección exactamente opuesta a la que nos llevó a esto; más nunca continuando el sendero del fracaso. 

La ética del sistema impositivo según la constitución es muy clara: el individuo cede una parte de sus recursos, y a cambio el Estado le da seguridad, un marco estable de reglas de convivencia, y la posibilidad de desarrollar su vida, su ingenio y su trabajo para mejorar su vida a partir de su propio esfuerzo. La Constitución no consagra que se le regalen bienes a los que no trabajan, sino todo lo contrario: consagra que si alguien quiere conseguir algún bien, tiene el derecho de hacerlo sin que el Estado se lo impida mediante la extorsión impositiva. Por eso consagró el derecho de propiedad como límite franco y claro frente a todos los demás individuos y, sobre todo, frente al propio Estado.

Así entonces, concluiremos que la fuerza que usa el Estado para sostener la recaudación, desde hace años no responde al principio ético que tuvo en miras la Constitución para otorgarle semejante beneficio al Estado; convirtiéndose entonces en expoliación. Y por tanto, cabe preguntarse si no es también ético resistir la injusticia de la expoliación.

Este Gobierno tiene la oportunidad histórica de cambiar el rumbo que nos llevó al fracaso y al Estado fallido que es hoy la República Argentina. Debe atacar el corazón de la madre de todos los desvíos: el sistema tributario actual. Debe tenerse el valor de desarmar los últimos 80 años de desvaríos y devolver, de una vez por todas, el poder al Cabildo.

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