Deberán ratificar la transferencia de Edesur y Edenor

Ingresaron en la Legislatura porteña una serie de acuerdos para la transferencia de jurisdicción del servicio público de distribución de energía eléctrica a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. Una vez ratificados los mismos por los diputados porteños, se avanzará en la conformación de un ente bipartito de control y regulación.

Este martes el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta presentó en la Legislatura porteña para su ratificación tres acuerdos para la transferencia de jurisdicción del servicio público de distribución de energía eléctrica a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa también lleva las firmas del ministro de Economía y Finanzas, Martín Mura, y del ministro de Gobierno, Bruno Screnci.  

Mediante el acuerdo de transferencia las partes acuerdan que, a partir del 1 de marzo 2019, se inició el proceso de traspaso de Edenor y Edesur a la jurisdicción de la Provincia y de la Ciudad, por medio del cual estas últimas pasarán a ejercer el poder de policía sobre el servicio público que prestan las concesionarias.

Asimismo la Provincia y la Ciudad se comprometen a constituir un ente bipartito de control y regulación del servicio público de distribución eléctrica, y a realizar todas las acciones necesarias para que, conforme sus ordenamientos jurídicos, ese ente se ponga en funcionamiento con la mayor celeridad.

Los órganos técnicos de las Partes celebrarán los acuerdos que sean necesarios, cuidando de proteger los intereses de los usuarios y respetando los derechos de las concesionarias. También el  Estado Nacional es el único responsable por los créditos y deudas que tengan una causa o titulo anterior al 28 de febrero de 2019 por la parte que le corresponda al EN, relacionados con el servicio de distribución de energía eléctrica a cargo de Edenor y de Edesur o con la ejecución de los respectivos contratos de concesión, por lo que no podrán ser reclamado a la Provincia y a la Ciudad.

Además el ENRE y las concesionarias, con la participación del organismo de control que se cree en la órbita de la Provincia y de la Ciudad, llevarán a cabo una auditoría de corte de la situación económico-financiera de las Concesionarias y de la situación operativa y técnica del servicio público a su cargo.

El acuerdo establece que para realizar un traspaso ordenado de la jurisdicción es necesario encarar un proceso en etapas, con acciones concatenadas, que contemple la complejidad de las cuestiones bajo examen. Que, por ejemplo, es necesaria la constitución de un nuevo organismo de control, que opere bajo la órbita de la Provincia y de la CASA y que, oportunamente, cumpla las funciones que hoy lleva a cabo el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Para ello se requiere que las áreas técnicas del ENRE y del nuevo organismo regulador trabajen coordinadamente, para lograr una transición que no afecte la prestación del servicio y a sus usuarios, y que respete los derechos de las concesionarias. En ese período se evaluará también la posibilidad de que algunos agentes que hoy prestan servicios en el ENRE, pasen a hacerlo en el nuevo organismo regulador a crearse.

Además existen cuestiones contractuales y legales que también deben abordarse durante ese periodo. Al respecto, los contratos de concesión de las Concesionarias fueron celebrados en 1992 y es necesario prever cómo se instrumentarán, luego del traspaso, algunas de las cuestiones reguladas en esos contratos.

En tercer lugar, las partes consideran necesario que, en el marco del traspaso, se dé una solución integral a los reclamos pendientes entre el Estado Nacional y las concesionarias. Los reclamos pendientes más significativos pueden agruparse en tres: los vinculados con el cumplimiento de las Actas Acuerdo celebradas entre el EN y las concesionarias en 2006 y con el correspondiente Período de Transición; los relacionados con el pago de los consumos de los asentamientos con medidores comunitarios generados desde octubre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, exclusivamente respecto del porcentaje comprometido por el Estado Nacional; y los reclamos en relación con las diferencias resultantes de aplicar el tope en las facturas de los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social.

Cabe mencionar que a partir del Consenso Fiscal 2018 “en el marco de la reducción de subsidios nacionales destinados a servicios públicos se prevé que, a partir del 1° de enero de 2019 y en función de sus posibilidades cada jurisdicción defina la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales”.  A partir del 1° de enero de 2019, la Provincia y la Ciudad afrontan con recursos propios las erogaciones asociadas con la Tarifa Social.

Los diputados también deberán ratificar el acuerdo de implementación de la transferencia de jurisdicción del servicio público de distribución de energía eléctrica a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el acuerdo para el ejercicio conjunto de la jurisdicción sobre el servicio público metropolitano de distribución de energía eléctrica.

Mediante éste último se crea el Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE), como ente bipartito, conformado por la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tendrá por objeto la regulación y el control del servicio público de distribución y comercialización  de energía eléctrica correspondiente al área comprendida en las concesiones otorgadas a Edenor y a Edesur.

El EMSE se constituye como ente autárquico que goza de autarquía económica financiera, con personalidad jurídica propia e independencia funcional y con plena capacidad jurídica para actuar en el ámbito del derecho público y privado. Tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mantendrá una delegación en la dudad de La Plata y en aquellas localidades comprendidas dentro del área de Concesión que el Directorio determine a tal efecto.

El EMSE será dirigido y administrado por un Directorio integrado por seis miembros, de entre los cuales deberá designarse un Presidente, un Vicepresidente y cuatro vocales, y cuyos mandatos tendrán una duración de tres años. El Directorio estará compuesto en igual número por ambas jurisdicciones.

La Presidencia y Vicepresidencia del Directorio será rotativa entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. En el primer período de tres años, el Presidente será designado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el vicepresidente, será designado por la Provincia de Buenos Aires.

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